El gobierno de Nicaragua por medio de la Procuraduría General de la República, ha citado a las personas que están ocupando propiedades que fueron confiscadas a 94 nicaragüenses.
En una comunicación escrita de la entidad del estado, cita a las personas que están en dichas propiedades para “formalizar su estatus ocupacional”.
El escrito señala: “Los terceros que se encuentren ocupando dichos inmuebles decomisados, deberán acudir a las oficinas de esta Procuraduría General de la República, para formalizar con el Estado de Nicaragua, su estatus ocupacional”.
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En la misiva se asegura que dicha decisión es de acuerdo a las resoluciones judiciales que han sido avaladas por jueces de Distrito Penal, y dadas a conocer el 15 de febrero del corriente año.
El escrito expresa: “A las personas (naturales o jurídicas) que se encuentren en uso y goce de dichos bienes (mediante diferentes figuras jurídicas, como: arriendo, usufructo u otras similares); que de conformidad al artículo 167 de nuestra Constitución Política y artículo 12 de la Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua: “Las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales o jurídicas”.
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Cabe señala que entre los confiscados se incluyen a escritores, periodistas, directivos de medios de comunicación, religiosos, entre otros.
A los nicaragüenses se les declaró prófugos de la justicia y se resolvió que se les confiscaría sus bienes, los que pasaran a manos del Estado, de acuerdo a la resolución del organismo judicial.
La decisión de suspenderle la nacionalidad a los 94 ciudadanos, se conoció luego que el gobierno decidiera sacar del país a 222 presos políticos y los envió a Estados Unidos, los mismos estaban en diferentes cárceles del territorio nacional.
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A los excarcelados se les quitó la nacionalidad, incluyendo al Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez Lagos, quien está recluido en la Cárcel Modelo de Tipitapa, purgando una condena de 26 años y 4 meses. El religioso se negó a subir al avión para ser deportado a Estados Unidos.
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