Este jueves se dio a conocer la cancelación de siete asociaciones universitarias más, entre ellas las universidades Thomas More y la Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (UCEM).
Esta información fue publicada por el Ministerio de Gobernación en el diario oficial La Gaceta, como fecha de resolución del 14 de enero del 2022 y las introduce bajo el término de la Ley 147.
“Que las siguientes Universidades, originarias del exterior, fueron registradas ante este Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, conforme lo establecido en el artículo 19 de la Ley 147 «Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro”, dicta el documento.
Las siete universidades a quienes se les canceló su personería son; Universidad Internacional de la Florida, originaria de Estados Unidos, inscrita el 25/03/1999, con No. perpetuo 3233. Universidad Estatal de Michigan, originaria de Estados Unidos, inscrita el 25/08/2004, con No. perpetuo 2835. Corporación Universidad de Mobile, originaria de Estados Unidos, inscrito el 15/12/1993, con No. perpetuo 296. Fundación Universidad Particular en ciencias del Mercado, originaria de Panamá, inscrito desde el 09/08/2007, con No. perpetuo 3862. Asociación Universidad Thomas More (UTM), originaria de Costa Rica, inscrito desde el 11/06/1999, con No. perpetuo 1351. Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales UCEM, originaria de Costa Rica, inscrito desde el 22/08/1996, bajo el Número Perpetuo 20. Wake Forest University, originaria de Estados Unidos, inscrito desde el 05/06/2009, bajo el Número Perpetuo 4404.11.
La tarde de ayer (02 de febrero), fueron canceladas otras universidades entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Humanista (UNEH), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse) y la Universidad Paulo Freire.
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A todas estas universidades y asociaciones se les cancela la personería jurídica debido a que “han incumplido con la entrega de informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones civiles sin Fines de Lucro, mostrando falta de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si fue acorde a sus objetivos y fines por los cuales la Asamblea Nacional les otorgara la Personalidad Jurídica”, según el Ministerio de Gobernación.
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