El Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) publican el Informe “Las nuevas leyes de la represión”, el cual detalla la nueva etapa iniciada el 20 de octubre de 2020 en la escalada de represión en Nicaragua.
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Ambas organizaciones denuncian el repertorio de leyes del gobierno de Daniel Ortega, creadas para reprimir a las personas defensoras de derechos humanos y a los opositores políticos, y condenar a Nicaragua.
“Esta etapa está caracterizada por la promulgación de leyes restrictivas que controlan abusivamente las actividades de las organizaciones de la sociedad civil”, indicó el informe.
Además, manifiestan que “ponen bajo sospecha su financiamiento internacional, asumiendo que es un instrumento de intervención extranjera o un mecanismo del crimen organizado y del terrorismo, convirtiendo el derecho a asociarse para defender derechos humanos y el ejercicio de derechos civiles y políticos en delitos o ciberdelitos que pueden terminar llevando a las personas a la cadena perpetua, por presuntamente promover el odio nacional”.
Por lo tanto, Observatorio FIDH y el Cenidh hacen un llamado a las autoridades nicaragüenses y a la comunidad internacional a tomar todas las medidas necesarias para reinstaurar el Estado de Derecho en Nicaragua. Asimismo, garantizar las libertades de expresión y asociación en el país.
“El aparato judicial nicaragüense debe rescatar y dar primacía al principio de independencia de la justicia. Asimismo, las organizaciones exigen la liberación inmediata de las más de 150 personas detenidas en el marco de la represión y el fin de su criminalización y a la derogación de toda la normativa represiva”, enfatizan.
De la misma manera, revelan en el comunicado que “mediante un marco normativo represivo que busca asfixiar a la sociedad civil nicaragüense, desde mayo de 2021, han sido detenidas 39 personas defensoras de derechos humanos y opositores políticos, incluyendo 7 pre-candidatos presidenciales. Igualmente, desde 2018, se han cerrado 50 organizaciones no gubernamentales”.
Las leyes que subrayan los defensores de Derechos Humanos son “Agentes Extranjeros”, “la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia”, “Ley sobre Ciberdelitos y la Reforma Constitucional al artículo 37”, “Ley contra el Lavado de Activos” y “la Ley 1060”.
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