La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge al Estado de Nicaragua cesar la criminalización de opositores. En los últimos casi cuatro meses el Gobierno de Daniel Ortega orquestó la captura de 37 dirigentes sociales, entre ellos, siete aspiraban a la presidencia de la República.
El organismo internacional además demanda el cese del “uso indebido del derecho penal contra las personas arrestadas” y el respeto a las garantías del debido proceso.
Los familiares de los encarcelados emitieron, el pasado jueves 23 de septiembre, un pronunciamiento conjunto donde solicitaron se establezca un “calendario de visitas periódicas y constantes”, ya que en cuatro meses solamente han logrado ver una vez a sus parientes.
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Preocupación por acusaciones formales
La CIDH, también expresó su preocupación por la acusación formal de “propagación de noticias falsas” en contra de la abogada y defensora de derechos humanos, María Oviedo, miembro del colectivo de juristas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
La Comisión externa su preocupación en el caso del líder campesino Pedro Mena, recientemente acusado de manera formal por el delito de “conspiración para realizar menoscabo a la integridad nacional”.
Los familiares de los opositores, alertaron en su pronunciamiento sobre el riesgo inminente de daños a la integridad física y psicológica de los presos políticos. “Tememos aún más por su vida”, manifestaron, y solicitaron se permita proporcionarles a los detenidos al menos un tiempo de comida al día.
“A pesar de la situación de desnutrición severa y hambre en que los encontramos, persiste la negativa al ingreso de alimento, adicionalmente continúan pidiendo medicinas que evidencian malestares gastrointestinales y vértigos, vinculados a su deficiente alimentación. Así mismo, niegan el ingreso de abrigo y material de lectura”, agregaron en la denuncia.
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