A raíz que el gobierno de Daniel Ortega anunciara la tercera etapa de vacunación contra el Covid-19, a personas mayores de 30 años, un sinnúmero de ciudadanos asistieron a los centros de vacunación para obtener su dosis del fármaco. En cambio algunas personas denunciaron que sus empresas no les facilitaron el permiso de visitar los puestos de vacunación.
Un oyente de Radio Corporación que no quizo revelar su nombre, notificó que la empresa donde labora su esposa no le permitió el permiso de vacunarse y en caso de asistir “le quitaban el séptimo día de trabajo y las horas de ausencia”.
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Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos humanos (Cenidh), organismo que se le suspendió su personería jurídica, calificó de lamentable estas acciones y recordó que los empleadores deben facilitar el día en que sus trabajadores deseen vacunarse.
“Hasta cierto punto es un derecho. Hemos visto en las redes sociales el llamado de las distintas cámaras de comercios del país a que sus agremiados les den permisos a las personas el día que se apliquen la dosis”, comentó.
Núñez agregó que las empresas deben de garantizar la salud de los trabajadores debido a que en esta nueva jornada de vacunación las personas están presentando efectos secundarios al aplicarse la vacuna.
Declaraciones de Vilma Núñez durante el programa Impacto 540 de Radio Corporación este miércoles.
“En este momento donde se esta aplicando la vacuna a personas mayores de 30 años, están presentando más afectos secundarios. Las reacciones de la vacuna empiezan a la medianoche, si se la aplicaron al mediodía, entonces al día siguiente continúa con malestares. Son dos días prácticamente”, dijo Núñez.
Ratifican Medidas Provisionales al Cenidh
El pasado 22 de septiembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, ratificó a través de una nueva resolución medidas provisionales adoptadas al Cenidh el 14 de octubre del 2019 y que hasta la fecha el gobierno de Nicaragua aún no ha entrega un informe del cumplimiento de las medidas
Parte de las medidas solicita al Estado que garantice “la vida y la integridad personal de los y las integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), y asegurar la continuidad de sus labores en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de hostigamientos, amenazas o agresiones”.
La defensora de derechos humanos considero la resolución como un avance, pero señaló que el gobierno continúa sin cumplirlas, tal es el caso de la abogada María Oviedo y miembro de la CPDH, a quien se le realizó audiencia judicial por “incumplir la ley de ciberdelitos”, según la fiscalía.
“Oviedo es acusada precisamente por defender derechos. Aplicar la ley de ciberdelitos es una escalada”, explicó Núñez quien preciso que el gobierno tiene hasta el próximo 4 de octubre para presentar avances del cumplimento de la nuevas acciones que esta solicitando la corte.
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