El Buró de Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció en torno a la cancelación de registros de seis organizaciones internacionales en Nicaragua, las cuales se dedicaban a brindar ayuda humanitaria y apoyaban a diferentes organismos defensores de derechos humanos.
La nación norteamericana también condenó el allanamiento al Diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua, y considera que con estas acciones el Gobierno de Daniel Ortega “busca silenciar y fortalecer el control del régimen sobre las voces independientes antes de las elecciones de noviembre”.
Los organismos retirados del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación (Migob) son: la fundación española Oxfam Intermón; las organizaciones estadounidenses National Democratic Institute For International Affairs, International Replubican Institute y Helping Hands The Warren Willian Pagel M.D Fundation.
También en la lista de los seis afectados está la fundación Oxfam Ibis, originaria de Dinamarca, y Diakonia, de Suecia. Estas organizaciones sin fines de lucro fueron inscritas en Nicaragua entre los años 2000 – 2012.
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Sin embargo, el director regional de Oxfam en América Latina y el Caribe, Simon Ticehurst, afirmó que la organización española explorará “cómo seguir colaborando con el pueblo nicaragüense, especialmente ante una situación humanitaria crítica”, incluso si la ONG ya no puede operar en Nicaragua.
“Cumpliremos la resolución. Tenemos 72 horas para hacerlo”, declaró Ticehurst a la agencia Europa Press.
Cierre de organizaciones desde el 2018
Desde el año 2018, luego de la insurrección cívica en contra de la administración sandinista, al menos 34 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) fueron obligadas a cerrar, la mayoría tras perder la personería jurídica como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Entre los 34 organismos que han cerrado se encuentran asociaciones médicas, quedando en evidencia “la intolerancia de Ortega a los puntos de vista diversos y prioridad del poder bruto sobre el pueblo nicaragüense”, de acuerdo al Buró de Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado.
Según Estados Unidos, para el Gobierno sandinista “no ha sido suficiente encarcelar a periodistas, activistas y opositores políticos.
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