La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, y cinco expertos llegaran a Bolivia el 23 de noviembre.
Cuyo objetivo de los especialistas es investigar las muertes ocurridas en las protestas generadas tras las anuladas elecciones de octubre del 2019.
Según el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, el actual presidente Luis Arce, indicó que un organismo internacional “imparcial” investigue lo ocurrido.
Del mismo modo, señaló que se abrirá “las puertas, no solamente de los fiscales, sino también a los jueces y expedientes de la policía y las Fuerzas Armadas a esta investigación internacional”.
Investigación de los 36 fallecidos
En diciembre, la excanciller Karen Longaric informó que el gobierno interino de Jeanine Áñez acordó la investigación de los 36 fallecidos que fueron reportados por la Defensoría del Pueblo.
Esas muertes se dieron antes y después de la renuncia de Morales a raíz de las fallidas elecciones del 20 de octubre.
Longaric enfatizó que el pasado gobierno interino invitó a la CIDH para que investigara lo sucedido en Bolivia entre septiembre y diciembre.
Esto quiere decir, un mes antes y uno después de las frustradas elecciones.
En un informe preliminar, la CIDH calificó de “masacre” lo ocurrido en Sacaba y Senkata, donde enfrentamientos en las calles dejaron 19 muertos, al parecer seguidores de Morales que habrían recibido disparos de armas de fuego durante una incursión de las fuerzas del orden.
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Por lo tanto, los cortes en las carreteras y las protestas habrían sido incentivadas por Evo Morales, tras huir del país.
La entonces Asamblea Legislativa dominada por el partido de Morales pidió que Áñez y 11 de sus ministros fueran enjuiciados por esas muertes.
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