“En el carácter en que cometieron los delitos no fue como pastores, ni representantes de Cristo”. Con esta observación emitida por la diputada sandinista y presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, María Auxiliadora Martínez, queda claro que la jerarquía católica peligra en materia de encarcelamiento en Nicaragua.
Este miércoles 4 de mayo, se aprobó en la Asamblea Nacional el informe de trabajo sobre el Análisis de las Normas Jurídicas Aplicables a las personas que cometen delitos de “menoscabo a la integridad nacional y crímenes de odio”, lo que supone que el Código Penal (CP) será reformado para aumentar sentencias de 15 a 20 años de prisión.
“Dentro de los aportes tenemos que adicionar al artículo 409 del Código Penal, la extinción de dominio, aplicado para los condenados que utilizaron o adquirieron bienes en la comisión de delito de traición a la patria, delito que comprometen la paz, delitos contra la constitución política y conexos”, manifestó la legisladora Martínez.
La parlamentaria comentó que las supuestas víctimas han acudido a “consultas” y han solicitado “penas más severas” en demanda de justicia contra los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en el “terrorismo golpista”.
Diputada Maria Auxiliadora Martínez. Foto: Cortesía Jader Flores – La Prensa.
La diputada sandinista justificó que la idea de modificar el Código Penal es para “brindar esperanza en demandas de justicia del pueblo nicaragüense”. Aseguró que los opositores no cometieron los supuestos delitos “buscando como proteger y defender los derechos humanos sino con saña y odio a la militancia sandinista”.
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“Deberían ser juzgados y sus comunidades o asociaciones investigadas a fondo ya que se escudan como religiosos como fue el caso del colegio San José de Jinotepe”, resaltó la presidenta de la Comisión de Justicia en el Parlamento.
Aproximadamente hace un año el gobierno de Ortega comenzó a orquestar la captura de opositores y disidentes. Desde entonces más de 40 personas han sido detenidas por razones políticas. La mayoría han sido condenados por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, o bien “traición a la patria”, a como le llama el oficialismo.
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