La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) se pronunció por los juicios orales y “públicos” que inician este martes primero de febrero contra las personas detenidas por razones políticas en los últimos siete meses en Nicaragua.
La organización consideró en una declaratoria pública que “los procesos están plagados de ilegalidades desde el mismo momento de las detenciones”, porque “se ejecutaron sin informar la causa o razones de detención e incluso; sin orden o mandamiento judicial como lo exige la Constitución en el artículo 33”.
Son al menos 40 las personas detenidas por pensar diferente al Gobierno de Daniel Ortega en los últimos siete meses, entre ellos siete aspirantes presidenciales. Son acusados por “cometer menoscabo a la integridad nacional” que se resume en “traición a la patria”, “lavado de dinero, bienes y activos” y “propagación de noticias falsas”.
La ACJD agregó que cuando los opositores fueron arrestados estuvieron prácticamente “desaparecidos e incomunicados durante más de 80 días y sometidos a audiencias secretas y acusaciones basadas en leyes inconstitucionales y con graves inconsistencias técnicas, tanto en la calificación de los hechos como en la imputación de responsabilidades”.
16 de los más de 35 opositores capturados. Arte publicado por jóvenes universitarios de la Alianza Cívica.
En tanto el organismo manifestó en la declaratoria que “los presos políticos deben ser liberados inmediatamente y sin condiciones porque no han cometido ningún delito, son inocentes” y, además, “los procesos judiciales están basados en cargos infundados”.
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Añadió que han tenido “obstáculos para acceder a una defensa legal oportuna, técnica y adecuada, y han sido sometidos a prisión preventiva en vulneración a los estándares de derechos humanos”.
Se trata de una reactivación
Los procesos habían sido suspendidos temporalmente hace tres meses, según la Alianza, “con la finalidad de prolongar la prisión preventiva y arresto domiciliar como una forma de anticipación de pena ilegal”.
“Los operadores del sistema judicial han violado de forma flagrante la Constitución, las leyes de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, concluyó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
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