CIDH reitera que “presos políticos en Nicaragua deben ser liberados”

Familiares de presos políticos llegando al nuevo chipote. FOTO: La Prensa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo este lunes que el Gobierno de Daniel Ortega “debe liberar a los presos políticos detenidos de manera arbitraria en el marco de la crisis desatada tras las manifestaciones antigubernamentales de 2018”.

El organismo además, llamó a las autoridades nicaragüenses garantizarles a los detenidos “arbitrariamente” el debido proceso y el acceso a una defensa adecuada, y “cesar todo hostigamiento en su contra”.

La CIDH, una entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), contabilizó 160 presos políticos hasta el 31 de diciembre del 2021.

La instancia remarcó que “el pasado 4 de enero, familiares denunciaron públicamente la persistencia de tratos crueles e inhumanos; insalubridad en celdas; despojo de pertenencias; falta de acceso al agua potable; alimentación insuficiente e insalubre; falta de atención médica adecuada, oportuna y especializada; así como de medicamentos” para los detenidos.

Continuó señalando que el estado de salud de algunos detenidos, entre ellos líderes estudiantiles, es “crítico”, y agregó que las mujeres sufren represalias en los penales “por su importante rol de liderazgo en el país”.

Fiscalía anuncia juicios

Mientras la CIDH demanda la liberación de los reos políticos, el Ministerio Público de Nicaragua anunció este lunes, que a partir de mañana martes primero de febrero inicia el proceso de juicios “orales y públicos” contra los opositores detenidos en los últimos siete meses en Nicaragua, entre ellos, siete personas que aspiraron disputar la presidencia de la República.

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“Se realizarán juicios orales y públicos de los acusados que se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial y de aquellos que se encuentran con arresto domiciliar”, dijo íntegramente la Fiscalía en un comunicado.

Los presos políticos que enfrentarán juicios son acusados de “traición a la patria”, “lavado de dinero, bienes y activos” y “propagación de noticias falsas”, este último delito amparado bajo la Ley de Ciberdelitos, creada en el año 2020.

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