Amnistía Internacional manifestó que la perspectiva de una cuarta presidencia de Daniel Ortega en nuestro país es “aterradora”, ya que Nicaragua durante su gobierno “las violaciones a los derechos humanos se volvieron cada vez más comunes”.
“Durante los últimos años, hemos sido testigos del desarrollo de la trama de una historia de terror en el país, donde son prácticas comunes la represión letal, las detenciones ilegales, los malos tratos, el hostigamiento y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, todas ellas avaladas por un sistema judicial y una Asamblea Nacional sin independencia que solo existen para ponerle sello a la agenda de Daniel Ortega,” indicó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Guevara Rosas, puntualizó que “este nuevo y consecutivo mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como presidente y vicepresidenta, vaticina la perpetuación de las estructuras que han implementado la estrategia represiva contra voces críticas. Además, este nuevo periodo presagia la continuidad de la migración forzada de quienes se ven criminalizados por alzar la voz”, dijo Erika Guevara Rosas.
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“Los medios de comunicación reportaron poca afluencia de votantes, y personas nicaragüenses se movilizaron en varias ciudades del mundo denunciando la grave crisis de derechos humanos y la imposibilidad de ejercer los derechos políticos en Nicaragua”, reveló.
“La comunidad internacional debe hacer más que apoyar a las valientes personas nicaragüenses que continúan luchando por sus derechos humanos”, recalcó Guevara Rosas.
Del mismo modo, dijo que “en la sesión ordinaria de la Asamblea General de la OEA, que se celebrará esta semana, los Estados miembros deben asumir colectivamente sin dilación la corresponsabilidad de proteger los derechos humanos de las personas en Nicaragua y poner presión al gobierno de Ortega como primer paso ante este contexto poselectoral”.
Cabe recordar que, desde 2018, Amnistía Internacional ha documentado violaciones a los derechos humanos incluyendo represión violenta y, en algunos casos, letal contra manifestantes, así como hostigamiento y criminalización de activistas sociales, personas defensoras de derechos humanos, abogados y periodistas.
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