El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica informó que oficiales de la Fuerza Pública evitó que media tonelada de queso contrabandeado desde Nicaragua se comercialice en el país.
Según las autoridades costarricenses, el queso se encontraba en “condiciones insalubres”, por lo tanto “atenta contra la salud humana y afecta a los productores nacionales que operan legalmente”, destacaron.
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“Nuevamente la Fuerza Pública realiza una acción en favor de la salud pública y de los productores nacionales, al evitar que un cargamento de queso contrabandeado, sin las condiciones sanitarias mínimas, sea comercializado en el territorio costarricense”, comunicó el Ministerio costarricense.
Del mismo modo, dieron a conocer que “el producto venía desde Nicaragua dentro de bolsas plásticas, sin refrigeración y sin etiquetado”.
“El cargamento no contaba con refrigeración, además de estar empacado de manera insalubre, carente de todo tipo de etiquetado y demás información vital para el consumidor”, mencionaron.
Los oficiales enfatizan que “el citado producto lácteo fue introducido al país violentando todo tipo de normativas. Además, burlaron la legislación fiscal y el conductor que la transportaba tampoco contemplaba ninguna norma sanitaria”.
Conductor se quiso dar a la fuga
Además, las autoridades describen que encontraron sacos dentro del cajón de un vehículo tipo pick up, durante el control de carreteras realizado en San Isidro, distrito de Yolillal de Upala.
Los costarricenses aseguraron que cuando le dieron la voz de alto al conductor, el cual es residente nicaragüense de apellido Mejía, este aceleró para darse a la fuga, pero poco después fue interceptado por los oficiales de la Fuerza Pública.
Al consultarle sobre su contenido al conductor indicó que era queso y que no contaba con ningún tipo de registro sanitario nacional, ni ninguna otra documentación que comprobara el ingreso de dicho lácteo de manera legal desde Nicaragua.
Posteriormente, la Fuerza Pública procedió a decomisar el cargamento y a coordinar con el Servicio Nacional de Salud Animales (SENASA) para la correspondiente destrucción del producto, conforme con las normativas sanitarias y fiscales costarricenses.
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