Human Rights Watch, solicita imponer o mantener sanciones especificas contra el Gobierno de Daniel Ortega

Daniel Ortega y Rosario Murillo FOTO: Cortesía.

Human Rights Watch (HRW) a través de un informe presentado este martes, hace el llamado e insta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a tener una mayor participación para abordar la situación de represión del Gobierno de Daniel Ortega contra líderes opositores y la sociedad civil.

En el informe solicitan al secretario general de la ONU, António Guterres, invocar el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas con el fin de convocar una reunión, ya que existe una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.

“La gravedad y la intensificación de la brutal represión del gobierno de Ortega contra críticos y miembros de la oposición en las últimas semanas requiere que se redoble la presión internacional”, dijo José Miguel Vivanco , director para las Américas de Human Rights Watch. “Es esencial que el secretario general de la ONU se base en la acción existente de la ONU al señalar esta situación a la atención del Consejo de Seguridad”, agregó.

Para Human Rights Watch (HRW), la reciente ola de arrestos y hostigamiento ha sido posible gracias a nuevas leyes represivas que violan el debido proceso en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y se utilizan para disuadir el discurso crítico, permitir las detenciones arbitrarias y mantener a los críticos en prisión para evitar su participación política. 

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“No hay prácticamente ninguna posibilidad de que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, ni de votar y postularse para cargos públicos, si se los considera opuestos al partido gobernante”, dijo Vivanco. “Los altos funcionarios de la ONU y los países miembros de la ONU que se preocupan por los derechos humanos tienen la oportunidad de prevenir una crisis regional presionando a Ortega para que ponga fin a su represión ahora. Deberían apoderarse de él “.

Sanciones contra altos cargos del Gobierno de Ortega

La ONG solicita presionar al gobierno de Ortega para que autorice a los organismos internacionales de derechos humanos que fueron expulsados ​​en el 2018, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), reingresar a Nicaragua para monitorear las condiciones de los derechos humanos en el país.

Además piden imponer o mantener las sanciones especificas contra el Gobierno de Daniel Ortega y sus allegados, que son responsables de las violaciones de derechos humanos documentadas en el informe, incluidas prohibiciones de viaje y congelación de activos.

El presidente Daniel Ortega, es el jefe supremo de la Policía Nacional de Nicaragua, y los miembros de esta institución participaron en graves abusos contra los derechos humanos durante las protestas de 2018, incluido el uso desproporcionado de la fuerza que a veces resultó en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; detenciones arbitrarias o ilegales generalizadas; y malos tratos frecuentes, incluidos casos de violencia sexual en los centros de detención, citan.

Rosario Murillo, Vicepresidenta sancionada de Nicaragua, Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua y El Comisionado de la Policía Nacional, Ramón Avellán

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El informe también señala que la vicepresidenta, Rosario María Murillo de Ortega, a quien se considera que comparte los poderes presidenciales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la ha descrito como la “copresidenta de facto” de Nicaragua, señalando que tiene “acceso e influencia” sobre la policía del país.

“El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la OEA sobre Nicaragua ha señalado que los discursos de Murillo respaldaron y ayudaron a incrementar la represión de 2018. Murillo también ha apoyado públicamente reformas legales abusivas, incluida la enmienda constitucional sobre delitos de odio descrita en este informe”, se lee.

El informe de HRW fue elaborado entre los meses enero y junio de este 2021, denominado: “Arremetida contra críticos en Nicaragua: Persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones.

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