Organizaciones de DDHH condenan enérgicamente la nueva escalada represiva contra opositores

Despliegue policial en Nicaragua. Foto: Cortesía.

El Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) informó que varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos condenan enérgicamente la nueva escalada represiva contra líderes opositores, aspirantes presidenciales, periodistas, empresarios, y ex-funcionarios de organizaciones de la sociedad civil y gremiales, a tan solo 144 días de las elecciones generales en Nicaragua

Entre las organizaciones firmantes se encuentran:

  • Due Process of Law Foundation
  • Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA)
  • Center for Justice and International Law
  • CIVICUS
  • Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
  • OXFAM
  • Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
  • Plataforma Internacional contra la Impunidad
  • Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)
  • Y, Raza e Igualdad

Por lo tanto, las organizaciones firmantes expresan su preocupación por la aplicación de la controvertida Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la paz, violatoria de los estándares internacionales de derechos humanos, con el fin de penalizar e inhabilitar a los liderazgos de la oposición.

“Así como la imposición de la  medida de prisión preventiva hasta por 90 días para investigar presuntos delitos, en correspondencia a la reciente reforma al Código Procesal Penal que es violatoria de la presunción de inocencia y libertad personal”, señalan.

Las organizaciones llaman al Estado de Nicaragua a acatar las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), para la realización de unas elecciones libres, justas y observadas nacional e internacionalmente, el próximo 7 de noviembre de 2021.

Además, exigen a las autoridades nicaragüenses el cese inmediato de toda acción represiva contra el pueblo, la liberación sin condiciones de todas y todos los presos políticos, y la restauración del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.

“Las autoridades que han incurrido en semejantes atropellos a los derechos humanos no deben quedar en la impunidad y el Gobierno de Nicaragua debe ser declarado responsable internacionalmente”, indican en el comunicado.

Por lo cual, reiteran el llamado a la comunidad internacional para que continúe monitoreando la crisis en Nicaragua, y demandando la protección y garantía de los derechos humanos del pueblo nicaragüense. 

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