El Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) informó que varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos condenan enérgicamente la nueva escalada represiva contra líderes opositores, aspirantes presidenciales, periodistas, empresarios, y ex-funcionarios de organizaciones de la sociedad civil y gremiales, a tan solo 144 días de las elecciones generales en Nicaragua.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran:
- Due Process of Law Foundation
- Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA)
- Center for Justice and International Law
- CIVICUS
- Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
- OXFAM
- Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
- Plataforma Internacional contra la Impunidad
- Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)
- Y, Raza e Igualdad
Por lo tanto, las organizaciones firmantes expresan su preocupación por la aplicación de la controvertida Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la paz, violatoria de los estándares internacionales de derechos humanos, con el fin de penalizar e inhabilitar a los liderazgos de la oposición.
“Así como la imposición de la medida de prisión preventiva hasta por 90 días para investigar presuntos delitos, en correspondencia a la reciente reforma al Código Procesal Penal que es violatoria de la presunción de inocencia y libertad personal”, señalan.
Las organizaciones llaman al Estado de Nicaragua a acatar las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), para la realización de unas elecciones libres, justas y observadas nacional e internacionalmente, el próximo 7 de noviembre de 2021.
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Además, exigen a las autoridades nicaragüenses el cese inmediato de toda acción represiva contra el pueblo, la liberación sin condiciones de todas y todos los presos políticos, y la restauración del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.
“Las autoridades que han incurrido en semejantes atropellos a los derechos humanos no deben quedar en la impunidad y el Gobierno de Nicaragua debe ser declarado responsable internacionalmente”, indican en el comunicado.
Por lo cual, reiteran el llamado a la comunidad internacional para que continúe monitoreando la crisis en Nicaragua, y demandando la protección y garantía de los derechos humanos del pueblo nicaragüense.
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