La comunidad internacional pide la liberación “inmediata” de los precandidatos presidenciales y opositores detenidos la noche del martes en Nicaragua, y los otros que permanecen secuestrados desde hace una semana.
Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, de Estados Unidos, manifestó que “las medidas represivas contra líderes políticos y la sociedad civil, incluyendo el arresto de Juan Sebastián Chamorro y otros, requiere un llamado internacional al régimen”.
Agregó que “Ortega es responsable por el bienestar de los detenidos”.
Publicación de Julie Chung.
El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se pronunció exigiendo la liberación de los presos políticos y que “cese el hostigamiento y la opresión de la dictadura del patricida Daniel Ortega”.
“Nicaragua merece ser libre y democrática”, indicó.
Publicación de Almagro.
Por su parte el Gobierno de España una vez más mostró su preocupación por la situación de los precandidatos y opositores en Nicaragua, y solicita de forma “inmediata” la liberación de los mismos.
“El Gobierno de Nicaragua es responsable de preservar y garantizar los derechos y libertades fundamentales de todos sus ciudadanos, sean o no simpatizantes políticos, de conformidad con el derecho internacional y su propia constitución”, destacó el Ministerio de Relaciones Exterior de España.
Comunicado del Gobierno de España.
El régimen de Ortega mantiene bajo arresto domiciliar a Cristiana Chamorro, desde el pasado 2 de junio, acusada por “lavado de dinero”, delito que aún no se ha demostrado.
Misma medida (casa por cárcel) tiene la opositora, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera, quien fue detenida ayer – martes -, al igual que José Adán Aguerri, expresidente del Cosep, y los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.
Los mencionados, junto a Arturo Cruz, arrestado el pasado sábado, son acusados “por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.
También son señalados de proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación.
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