EFE – La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez permanecerá en el área de salud de la prisión donde cumple detención preventiva luego de cumplir este martes con la cuarentena de quince días requerida según el protocolo contra la covid-19 en centros carcelarios.
El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, dijo este martes a los medios que los abogados de la exmandataria pidieron “que se siga precautelando su salud”, por lo que se definió mantenerla en el área de la cárcel donde recibe atención médica.
“Todavía no va a pasar a población porque su estado de salud está en recuperación”, sostuvo Limpias.
Áñez está recluida preventivamente en la cárcel de mujeres de Miraflores en La Paz, a donde fue trasladada el pasado 20 de marzo de madrugada desde el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en el sur paceño.
La exgobernante fue aprehendida el pasado 13 de marzo en su región natal, la amazónica Beni, y luego fue llevada a La Paz en un avión militar y bajo un fuerte resguardo policial, también fueron detenidos sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán.
Jeanine Áñez, ex presidenta interina de Bolivia.
La familia y defensa de la exmandataria transitoria pidieron su traslado a una clínica por los problemas de hipertensión que padece, lo que no se concreto pese a una decisión judicial en ese sentido.
Áñez y los miembros de su Gabinete son acusados de “sedición y terrorismo” durante la crisis de 2019 tras las elecciones fallidas que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia, que el actual Ejecutivo considera un “golpe de Estado”.
El pasado sábado, un juez rechazó la apelación a las medidas cautelares presentada por la defensa de la exmandataria y los exministros y decidió ampliar de cuatro a seis meses su detención preventiva.
Sobre la situación de Coímbra y Guzmán, que también cumplieron con la cuarentena de quince días, Limpias explicó que el Consejo Penitenciario de la cárcel paceña de San Pedro sostiene una reunión en esta jornada para definir a qué sector del penal se les destinará.
El funcionario aseguró que en esa definición primarán criterios que garanticen que los exministros pasen a un sector “resguardado para que no se vulnere ningún tipo de derechos” y que se precautele “su integridad, seguridad y salud”.
Estas detenciones ha causado tensiones internas entre el oficialismo y la oposición, además de pronunciamientos de organismos como Naciones Unidas que pidió que se respete el debido proceso, o la Organización de Estados Americanos (OEA) que abogó por la liberación de las exautoridades “hasta contar con procesos y mecanismos imparciales para determinar responsabilidades”.
El Gobierno de Luis Arce ha calificado de “injerencia” los pronunciamientos de la OEA y de países como Brasil, Estados Unidos y Chile sobre la situación jurídica de las exautoridades. EFE
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