“Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y detenciones arbitrarias”, son las acciones por las cuales Estados Unidos, bajo la administración del presidente Joe Biden, señala a la policía orteguista, Ejército de Nicaragua y paramilitares, según un reciente informe sobre violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega.
Estados Unidos acusó al mandatario y a grupos paramilitares supuestamente vinculados a él, de llevar a cabo “una campaña de acoso, intimidación y violencia” contra aquellos que son percibidos como “enemigos”, entre los que se incluyen activistas de grupos de derechos humanos y por la democracia.
“Los parapolicías, que son grupos no uniformados, enmascarados y armados con entrenamiento y organización táctica, actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad del gobierno, bajo el control directo del gobierno, y reportar directamente a la Policía Nacional”, destaca el informe publicado por el Departamento de Estado, a cargo de Antony Blinken.
Añade que estos grupos (paramilitares) y las personas vinculadas al régimen de Ortega llevaron a cabo una campaña de hostigamiento, intimidación y violencia hacia enemigos percibidos del régimen, como expresos políticos, activistas campesinos, grupos de oposición prodemocracia, defensores de los derechos humanos y el clero católico.
Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto al Secretario de Estado, Antony Blinken.
Desarme de paramilitares
La nación norteamericana enfatizó que “la Policía Nacional de Nicaragua mantiene la seguridad interna, mientras que el Ejército es responsable de la seguridad externa, pero también tiene algunas responsabilidades de seguridad interna”, refiriéndose a que debe desarmar a los paramilitares al servicio del partido de gobierno.
En el informe también destacaron que el “régimen corrupto” del presidente Daniel Ortega, aprobó en los últimos meses leyes que son “cada vez más represivas” y limitan la capacidad de operar de la oposición política, la sociedad civil y los medios independientes.
Grupos de choques / civiles armados. POTO: Cortesía.
Las autoridades civiles, agrega el documento, mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad policiales y parapoliciales; y los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos.
Por otro lado, el informe recoge que organismos defensores de derechos humanos documentaron que entre octubre 2018 y agosto de 2019, parapoliciales asesinaron al menos a 30 campesinos considerados opositores al partido gobernante.
Ante estas acusaciones, la Administración de Joe Biden señala al régimen de Daniel Ortega de no tomar medidas para identificar, investigar, enjuiciar o sancionar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 325 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento de abril 2018.
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