AMNISTIA INTERNACIONAL DECLARACIÓN PÚBLICA
31 de agosto de 2016 Index: AMR 43/4744/2016
Nicaragua: Las autoridades deben escuchar a quienes expresan sus preocupaciones respecto al Gran Canal Interoceánico. En el marco de las actividades para expresar el rechazo a la Ley 840, marco regulatorio del Gran Canal Interoceánico en Nicaragua, este 31 de agosto cientos de habitantes de 21 comunidades de diversos puntos del país planean realizar movilizaciones para externar su preocupación ante las posibles afectaciones que el canal tendrá en sus derechos y medios de subsistencia, así como para instar a las autoridades a asegurar que los derechos humanos de las comunidades afectadas sean protegidos y respetados.
El 7 de abril de 2016, un grupo de ciudadanos introdujo ante la Primera Secretaria de la Asamblea Nacional una Iniciativa Ciudadana de Ley para la derogación del régimen legal del Gran Canal (Ley 840) y documentos conexos. La iniciativa fue acompañada por 6,933 firmas de apoyo.
En el mismo mes, tanto la Primera Secretaria como la Junta Directiva de la Asamblea Nacional rechazaron la iniciativa, argumentando su improcedencia y falta de competencia. En la Iniciativa presentada, los peticionarios expresan que la construcción y puesta en marcha del Gran Canal afectaría comunidades enteras, incluyendo campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes asentados históricamente en dichas tierras, que podrían ser desalojados por el proceso de expropiación. Lo anterior, de acuerdo a los peticionarios, tendría un claro impacto en la vida económica y cultural de las comunidades, familias e individuos.
Además, provocaría cambios en sus medios de subsistencia y la ruptura de redes familiares y comunitarias e induciría al empobrecimiento de la población afectada e impactaría recursos naturales, incluyendo áreas protegidas. Las movilizaciones se realizan en el marco del proceso de amparo interpuesto en mayo de este año, por miembros del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía Nacional. El recurso denuncia los agravios causados por la decisión de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de no tramitar la Iniciativa Ciudadana de Ley. Debido a que el órgano judicial aún no resuelve el recurso, el Consejo ha expresado que presentará un escrito por retardación de justica ante la Corte Suprema de Justicia.
Amnistía Internacional se encuentra preocupada por la falta de información detallada del proyecto y de las medidas que el Estado pretende tomar para asegurar que los derechos de las comunidades afectadas sean debidamente respetados y protegidos.
Asimismo, Amnistía Internacional insta al Estado nicaragüense a garantizar adecuadamente los derechos a la libertad de expresión y reunión pacifica de todas las personas y asegurar que todas las comunidades que podrían verse afectadas por la construcción del Gran Canal son debidamente consultadas, incluyendo el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado.
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