PCIN interpone recurso por inconstitucionalidad contra la Ley Especial de Ciberdelitos

PCIN interpone recurso por inconstitucionalidad FOTO: Cortesía

El colectivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), interpusieron este jueves un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley Especial de Ciberdelitos, o Ley del Bozal, a como se le denomina. Dicha Ley es considerada por violentar los principios constitucionales de nuestro país y los también establecidos en los derechos universales.

“Los hombres y mujeres periodistas hemos decidido hacer uso legal del derecho que nos confiere nuestra carta magna recurriendo esta mañana ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que declaren la Inconstitucionalidad Parcial de la Ley N°. 1042 “LEY ESPECIAL DE CIBERDELITOS” que fue aprobada por la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) de la República de Nicaragua en fecha veintisiete de octubre del año dos mil veinte y publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 201 en fecha treinta de octubre del año dos mil veinte”, cita el comunicado de PCIN.

Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN)
interponen recurso por inconstitucionalidad contra la Ley Especial de Ciberdelitos
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Para los periodistas independientes está fecha es emblemática debido a que hace 31 años se derrotó al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con la contundente victoria de la Unión Nacional Opositora (UNO), liderada por Violeta Barrios de Chamorro, y a tres días de conmemorar el día del periodista en Nicaragua, expresó el periodista y miembro de PCIN, Sergio Marín.

“El periodismo a través de PCIN está diciendo presente, repudiando mediante este recurso ante la corte suprema de justicia la ley denominada de Ciberdelitos. Es importante hacerlo para que quede constancia histórica de nuestro rechazo, repudio y condena a cualquier ley que la dictadura Ortega-Murillo ha venido legislando”. manifestó el periodista Marín.

Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), esperan que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sean garantes y protectores de los derechos de las y los nicaragüenses que están establecidos en la Constitución Política de Nicaragua.

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