Expertos: Régimen pretende forzar relaciones entre bancos y funcionarios sancionados

Sucursal Bancentro Estelí, carretera panamericana. Foto: Archivo

La iniciativa de reforma a la ley número 842, de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, camina sin consulta y genera suspicacia, a juicio del economista independiente, Eduardo Solórzano.

El experto basa su comentario en que la reforma violará el derecho a la libre empresa, puesto que impedirán a los bancos que de manera libre elijan con quien iniciar sus relaciones comerciales. Las palabras de Solórzano coinciden con el pronunciamiento de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP). La organización detalla el impedimento que también existirá cuando las entidades decidan cancelar contratos con consumidores.

Advierten de lavado de dinero

ASOBANP alega que una vez reformada la ley, promoverá prácticas que incitan al lavado de dinero. Adicionalmente ponen en riesgo a que Nicaragua sea incrustada a la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El economista explica que de darse eso, puede ocasionar un mayor problema para el país con el cierre de cuentas de corresponsalías bancarias. “Es más, puede llevarnos a situaciones muy difíciles como la imposibilidad de recibir remesas o transferencias. Inclusive al tema de las líneas de créditos del exterior, que es una de las maneras de hacer operaciones internacionales”, dijo.

Eduardo Solórzano, economista.

Nicaragua podría ser excluida del Sistema Financiero Global, según Solórzano. Por tanto, ASOBANP dirigió una carta el 28 de enero a la Comisión de Producción Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional. Ese mismo día presentaron la iniciativa en el plenario del parlamento.

Voz del economista independiente, Eduardo Solórzano.

A juicio del sociólogo Cirilo Otero, con la reforma a la ley, el gobierno pretende que los bancos establezcan nuevamente relaciones con funcionarios sancionados. Esto a sabiendas que las entidades bancarias pueden también ser castigadas por organismos internacionales como la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y el Departamento del Tesoro.

Sociólogo Cirilo Otero. FOTO: Archivo | Radio Corporación

Voz del sociólogo, Cirilo Otero.

Por su parte, Solórzano añadió que estar en la lista negra del GAFI, también significa un que Nicaragua es un país sumido en graves problemas económicos y con una imagen más deteriorada.

Voz del economista independiente, Eduardo Solórzano.

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ASOBANP concluyó que rechaza la iniciativa de ley por que “contraviene la autonomía operativa de las instituciones financieras, en cuanto al derecho y obligatoriedad que deben establecer políticas internas para la gestión de prevención de los riesgos, con énfasis en el riesgo de lavado de dinero.

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