Mujeres miembros del movimiento Pico Rojo interpusieron este miércoles, un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley General de Aguas Nacionales en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ley que según expertos, el gobierno de turno busca privatizar el recurso natural.
Marlen Chow, miembro del movimiento de mujeres manifiesta que esta ley quita el derecho a la población de tener acceso al servicio de agua potable, por ello recurrienron a presentar dicho recurso.
“Para nosotras este recurso tiene una gran importancia por que la Ley General del Aguas fue elaborada con grandes preocupaciones de la sociedad civil que deja claro que las fuentes de agua son un bien para el pueblo, y por ello, este recurso no puede ser en ningún momento privatizado por las decisiones del régimen de Daniel Ortega”, manifiesta Marlen Chow.
Recursos de inconstitucionalidad genera presión al régimen de Ortega
Chow agrega que, aunque los recursos de inconstitucionalidad que se interponen en la Corte Suprema de Justicia es como entregar un documento en blanco, esto incide en la presión interna, para que se conozca de las arbitrariedades que el Gobierno de Ortega comete contra los nicaragüenses.
“Pareciera que nuestra actividad de hoy en entregar los recursos es una acción que no tiene ningún resultado, y para el régimen tampoco tiene ningún resultado, sin embargo, sabemos que le tocamos donde le duele, por que si no fuera así no enviarán a cinco patrullas de policías para cuatro señoras con folders de los recursos de inconstitucionalidad en las manos”, manifiesta la miembro de Pico Rojo.
Las mujeres de Pico Rojo fueron asediadas por la Policía Orteguista, pues varios efectivos policiales se hicieron presente en el lugar cuando las miembro de Pico Rojo se encontraban en las afueras del lugar esperando ser atendidas.
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El Gobierno de Ortega por medio de la Asamblea Nacional con la mayoría sandinista aprobaron la reforma a la Ley General de Aguas que pretende privatizar el vital líquido a través de la otorgación de licencias de concesiones, es decir, el régimen trata de promover una mayor participación de empresas privadas en la prestación del servicio.
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