CIDH rechaza la norma que restringe los derechos políticos en Nicaragua

CIDH,OEA,Nicaragua
Foto/ Archivo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechaza la aprobación de la norma que restringe derechos políticos en Nicaragua y pide al Estado derogarla.

La «Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, y la Autodeterminación para la Paz«, fue aprobada por parte de la Asamblea Nacional, el pasado 21 de diciembre.

El organismo enfatizó siente preocupación en las hipótesis de privación del derecho de optar a cargos de elección popular previstas en la iniciativa.

De igual manera, la Comisión toma nota de que la nueva «Ley» se suma a otras leyes aprobadas en el presente año por la Asamblea Nacional.

Dichas leyes, serían previsiblemente destinadas a la represión de las voces disidentes en el país.

Por lo tanto, dichas normas formarían parte de una estrategia más amplia de intensificación de la represión en contra de cualquier actor que se oponga a la narrativa oficial.

Según el comunicado:

De conformidad con su artículo 1, dicha iniciativa tendría por efecto prohibir que puedan optar a cargos de elección popular las y los nicaragüenses que, a juicio de las autoridades “encabecen o financien un golpe de estado”, “fomenten actos terroristas”, “inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, “se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, “exalten y aplaudan sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”, entre otros.
De conformidad con el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), todas las y los ciudadanos deben gozar del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos; a votar y a ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores; y a acceder a las funciones públicas de su país. Dichos derechos además deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad. En este sentido, preocupa a la Comisión que la ley aprobada limitaría desproporcionadamente los derechos políticos consagrados en la Convención Americana.

Por lo tanto, la CIDH urge al Estado de Nicaragua a derogar esta norma y a tomar medidas urgentes para restablecer el orden constitucional.

Asimismo, pide al Gobierno de Ortega-Murillo a «recuperar las garantías propias de un régimen democrático».

De igual manera, evitar la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el país.

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