Comunidad internacional demanda a Ortega el fin de la represión

El ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell
Foto/ EFE

La Unión Europea, el Congreso Español, la Organización de Estados Americanos y funcionarios del gobierno de Estados Unidos han rechazado la represión, y normativas partidarias aprobadas por el Orteguismo.

La más reciente es el comunicado emitido por la Unión Europea, que menciona que en Nicaragua la democracia y los derechos humanos se han deteriorado. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, menciona que las recientes leyes aprobadas por el Orteguismo van en contra de los derechos y libertades fundamentales.

«La Unión Europea espera que las autoridades se alineen a las normativas, garanticen la implementación de los derecho humanos y obligaciones internacionales, y promuevan el rol de la sociedad civil igual que a las organizaciones no gubernamentales y movimientos políticos, para que operen con libertad» dijo Borrell.

Al respecto de esto, el opositor Félix Maradiaga respalda la comunicación de Borrell y además afirma que esta constata la misiva enviada por parte de la Coalición Nacional el pasado 10 de diciembre.

«Los planteamientos del Señor Borrell son plenamente compartidos por mi persona y por millones de nicaragüenses que de una u otra forma nos enfrentamos a esta dictadura. El es claro en señalar que el deterioro de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua continua, y hace hincapié en la represión que están sufriendo periodistas, opositores, manifestantes y la sociedad civil.» expuso Maradiaga.

Félix Maradiaga en entrevista a Noticiero En Línea (26.11.19)
FOTO: Abigail Galo | Radio Corporación

Congreso español

El Congreso español también aprobó recientemente una proposición de no ley, que condena «la represión de los disidentes y la violación de los derechos humanos en Nicaragua» con la que demandan al régimen de Daniel Ortega el fin de la represión.

«Ese instrumento se aprobó con la absoluta mayoría de las fuerzas políticas españolas, desde la derecha hasta la izquierda, que instan al Gobierno español a pedir la aplicación de más sanciones personales, conforme lo previsto por el nuevo marco global de sanciones a violadores de Derechos Humanos que la Unión Europea aprobó el pasado 7 de diciembre. También demandan la aplicación de la Cláusula Democrática del ADA.» señaló Maradiaga.

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