El régimen de Daniel Ortega prepara lanzar una carta directa a la yugular de la oposición nicaragüense agrupada en la sociedad civil, u organizaciones creadas luego del levantamiento cívico de abril del 2018.
Diputados de la bancada sandinista promovieron con carácter de urgencia la iniciativa de Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. La ley consiste en dos artículos que limitan de manera directa y sin preámbulos la participación de quien “exalte y aplauda sanciones contra el Estado de Nicaragua”
“Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico, no podrán optar a cargos de elección popular.” dice el artículo 1 de la iniciativa.
Cabe destacar que se han sancionado a al menos 24 funcionarios orteguistas, entre ellos Rosario Murillo, Laureano, Rafael y Juan Carlos Ortega, estos últimos hijos de la pareja presidencial. Estas han sido por parte de diferentes países, como medidas de presión a Daniel Ortega y sus allegados, debido a ser cómplices o perpetrar actos represivos contra la población.
Ortega respalda dejar sin participación a la sociedad civil
La intención y motivos de esta ley, también fueron retratados la noche de este viernes por el mismo Daniel Ortega, durante el acto de graduación de cadetes de academia de la Policía Nacional. Ortega dijo:
“Aquí el que no defiende a Nicaragua. El que pide sanciones en contra de Nicaragua. Ese no merece ser llamado nicaragüense.
No lo podemos expulsar porque nació aquí, pero automáticamente de acuerdo con lo que manda la Constitución, con lo que mandan las leyes: ya perdió su derecho de optar a cargos públicos cuando vienen elecciones en este país.” Mencionó.
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Demolición del Estado de Derecho
En contra parte, la oposición nicaragüense ya ha reaccionado a esta iniciativa. José Dávila, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, describió estar estupefacto luego de leer la iniciativa.
“Prácticamente lo que quiere hacer el Gobierno es una ley inhibitoria para los opositores que quieran participar en elecciones o buscar un cargo de elección popular. Esta es la prohibición a los líderes políticos, sociales; a los líderes opositores, de poder aspirar a un cargo y participar en las elecciones. Esto es una ley guillotina” dijo Dávila.
El opositor también tildó esta iniciativa de ley propuesta por los parlamentarios de Daniel Ortega como inconstitucional, ya que sobre pasa por encima de los derechos fundamentales de la ciudadanía nicaragüense, y ademas sobre el Estado de derecho.
“Yo creo que ni en Corea del Norte existe algo así. Y que sencillamente ahora vengan con esta ley es completamente inconstitucional. Está demoliendo la Constitución, Ortega, con esta Ley. Está demoliendo el Estado de Derecho”, consideró.
En octubre pasado, la bancada sandinista impulsó tres leyes que han sido descritas por la comunidad internacional como “anti oposición” y que quiere controlar todos los movimientos de sus adversarios. La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, La Ley Especial de Ciberdelitos y la Cadena Perpetua, que está pendiente de aprobar en una segunda legislatura.
Además de esto, el miércoles (16.12.2020) el Subsecretario Interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, advirtió directamente a Daniel Ortega que si no demostraba voluntad para el proceso electoral, presionarían más, y habrían más sanciones.
También un bloque de 10 diplomáticos norteamericanos enviaron una carta al embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, donde le solicitaron con urgencia “utilizar todas las herramientas diplomáticas para garantizar la seguridad de los periodistas y la sociedad civil”.
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