La carrera por encontrar una vacuna contra el COVID19 persiste, y los laboratorios farmacéuticos han presentado resultados de eficacia de la vacuna contra el coronavirus, entre ellas están las farmacéuticas Pfizer, Moderna y AstraZeneca, esta última es la más comprometedora para que los países en desarrollo la adquieren.
Los asesores de la Agencia de Alimentos y Medicamentos estadounidenses se reunirán entre el 8 y 10 de diciembre para discutir la aprobación de la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer y su socia alemana BioNTech, y se prevé que para el próximo 12 de diciembre las primeras vacunas podrían empezar a distribuirse y administrarse en Estados Unidos, de una manera proporcional, informó ayer, Moncef Slaoui, asesor de la Operación Warp Speed.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que es necesario que, al menos un 70% de la población global esté inmunizada contra el virus para frenar su transmisión. Y para lograr garantizar que los países desarollados accedan a las vacunas , se creó un mecanismo de financiación y distribución. Pero, ¿podrían estás vacunas ser adquiridas por el Gobierno de Nicaragua, serán gratuititas una vez estando en el país?
“Los gobiernos como Nicaragua también estarían siendo apoyados con fondos de emergencia para que pueda adquirir la vacuna, evidentemente la política de cada Gobierno es diferente, pero en Nicaragua es probable que estás vacunas se cobren, así como se hizo con las pruebas de COVID19”, manifiesta el doctor José Luis Borgen de la Unidad Médica Nicaragüense.
Voz de José Luis Borgen, doctor de la Unidad Médica Nicaragüense
El Banco Centroamericano de Integración Económica donó al régimen de Daniel Ortega el pasado mes de abril, 26.000 pruebas para detectar el COVID19 y luego el Gobierno compró más de 100.000 pruebas, a las cuales se les impuso un costo, asimismo, con la vacuna de la fiebre amarilla, esta última a un costo de 30 dólares, donde en plena crisis económica y sanitaria limita a la población que no tiene los recursos cubrir estos gastos.
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El déficit presupuestario que mantiene actualmente Nicaragua obliga al régimen Orteguista a aplicar costos para adquirir ciertas cosas que no deberían tener precio, uno de los más recientes es la privatización del agua, tema que es condenado por experto y acto que el mismo Ortega se opuso a la privatización de esa prestación entre los años 1990 y 2006 cuando se denominada de oposición.
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