El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) hizo su “análisis frente a la inconsulta reforma constitucional”.
El CENIDH ve con mucha alarma la inconsulta reforma al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua, la cual fue aprobada con 70 votos por parte de los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional.
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De igual manera, la organización sostiene que es un “manoseo formal a la Carta Magna”.
“Es un retroceso en materia penal y su objetivo es amedrentar y seguir instrumentalizando a las instituciones jurídicas del país para continuar la represión”, señaló el CENIDH en su comunicado.
“Analizando la reforma desde el punto de vista jurídico es una completa aberración que no llena los requisitos necesarios para impulsar una reforma como la que se pretende”, enfatizó.
El CENIDH se pregunta que, “¿cuál en verdad es la pena que debe prevalecer como pena máxima? ¿Los treinta años de prisión? o ¿La prisión perpetua revisable? Ahora: ¿Qué es una pena revisable? ¿Revisable por quién? ¿En qué momento procesal?”.
CENIDH advierte al Régimen de Ortega-Murillo
El organismo advierte que la “pretendida aplicación de esta reforma constitucional implicaría una reforma del Código Penal actual”.
“Con la tipificación de nuevos delitos y una lista de agravantes taxativos, puesto que en lo penal no es permitido la interpretación extensiva de la ley”, explican en el informe.
De igual manera, ven la posibilidad de una amenaza para la gente que cívicamente lucha por sus derechos ya que, “no se puede confiar en la seriedad de normas jurídicas”.
“Llevarían implícitos nombres y apellidos para ser aplicadas en un escenario de peligrosa y agresiva discrecionalidad por parte de un Poder Judicial que ha perdido su independencia y actúa en función de los intereses del régimen Ortega Murillo”, subrayan.
Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, esta reforma además de haber sido aprobada violando los procedimientos de formación de la ley, es una violación a los derechos humanos, pues la misma constituye una amenaza psicológica a la población en general, por la inseguridad jurídica que establece, violaría, además, las garantías del debido proceso y el acceso a la justicia.
Del mismo modo, el CENIDH advierte a los diputados orteguistas que tienen la oportunidad de rectificar en la próxima legislatura.
También, exige al dictador Ortega-Murillo el cese de estas modalidades de represión revestidas de supuesta legalidad pretendiendo vender la imagen de indignación frente a los hechos criminales cometidos en contra de dos niñas en Mulukukú, RACCN.
“Con lo cual tratan de encubrir su confesado propósito de persecución y represión contra quienes les adversan, lo que fue confesado en el discurso del 15 de septiembre por el mandatario Daniel Ortega”, exponen.
El CENIDH, además “condena toda esta maniobra y llama a los nicaragüenses a no dejarse intimidar y fortalecer la lucha en la defensa por sus derechos humanos hasta conseguir la JUSTICIA y la DEMOCRACIA en Nicaragua“.
El Gobierno Ortega-Murillo pretende establecer la pena de “prisión perpetua revisable” en el país.
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