Los diputados oficialistas a sabiendas que la Ley de Ciberdelitos o Ley mordaza transgrede preceptos constitucionales, tales como la Libertad de Expresión, la Libertad de información, de prensa y el derecho de acceso a la información, por mencionar algunos derechos fundamentales, para los legisladores sandinistas eso no importó; prevaleció más la sumisión política, antes que el uso de la razón y el cumplimiento de la supremacía constitucional.
El texto de la oprobiosa ley de Ciberdelitos, no solamente violenta el derecho de Libertad de Información y Prensa, expresamente amparados en los artículos 30, 66, 67 y 68 de la Constitución de la República, sino que niega el derecho a los ciudadanos a buscar y recibir información en plena libertad. La Ley mordaza cercena el derecho constitucional que tienen los periodistas y medios de comunicación en general de investigar y difundir información.
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El derecho de expresar libremente pensamientos e ideas ya sea por periodistas, propietarios de medios de comunicación o las mismas audiencias, es calcinado por esta vengativa Ley, que cercena y criminaliza el derecho de opinión sobre la gestión pública.
Al igual que la Ley de Agentes Extranjeros, la iniciativa de Ley no fue consultada con actores importantes como los medios de comunicación, las asociaciones gremiales de periodistas, académicos ni con personal experto en la materia; por el contario las supuestas consultas realizadas fue “entre ellos”, entre los funcionarios y empleados públicos, que si se atreven a opinar, a sugerir, y en el peor de los casos a cuestionar, saben que perderán las bondades del poder autoritario.
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En la Ley se usan conceptos ambiguos, sin rigor técnico que distan mucho de los estándares de otras legislaciones de la región; y es que insólitamente una ley ordinaria no puede penalizar derechos constitucionales, como el derecho a la Libertad de Expresión, derecho al trabajo, derecho de Acceso a la Información, y el derecho al libre ejercicio de la práctica periodística.
Con la aprobación de esta Ley el régimen pretende crear un marco jurídico de autocensura periodística y criminalización de cualquier opinión ciudadana, contraria a la empalagosa voz oficialista.
Es hora de trabajar sin descanso por la recuperación de la República…
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