Acción Penal presenta análisis técnico de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros

Migob
FOTO: Cortesía

El equipo jurídico de Acción Penal, presentó este lunes un análisis técnico de la iniciativa de ley de Regulación de Agentes Extranjeros, el cual comprende de las referencias a las normativas internacionales, sobre las sentencias que menciona la propuesta.

El análisis refiere que esta iniciativa desde su primer párrafo violenta el artículo 34 y 49 de la Constitución Política de Nicaragua, así como la Convención Americana de Derechos Humanos.

«…este objeto de aplicación de la ley, puede entenderse de forma subjetiva como una amenaza a la seguridad del Estado, de conformidad con lo estipulado en el artículo 8, numeral 7, de la Ley número 919, Ley de Seguridad Soberana.

Esto los convierte en objetivos de las agencias de inteligencia de las fuerzas de seguridad nacional y de simpatizantes del gobierno, lo que vulnera el artículo 3, de 4 la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 16, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 25, de la Constitución Política referido a la libertad individual, a su seguridad y el reconocimiento a su personalidad y capacidad jurídica.» refieren.

Convertir el Migob a superministerio

Asimismo Acción Penal explica que el Gobierno pretende convertir el Ministerio de Gobernación (Migob) en un superministerio que busca tener un control político absoluto.

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«El artículo 5, párrafo uno, del anteproyecto de ley, establece una autoridad de supervisión en el Ministerio de Gobernación y lo convierte en un superministerio de Estado dirigido a controlar además de las actividades de las Organizaciones Sin Fines de Lucro.

El párrafo dos, del anteproyecto de ley, busca tener un control político sobre las personas naturales o jurídicas calificadas como agentes extranjeros, así como el ingreso de fondos y las actividades a realizar, por cuanto en este anteproyecto se le da facultades extraordinarias al Ministerio de Gobernación de solicitar la colaboración de entidades públicas, mixtas o privadas para garantizar el cumplimiento de la ley.»

Acción Penal también en su análisis explica que esta ley atenta contra los derechos al trabajo, en relación a la prohibición de ser funcionario público, o candidato a cargos públicos de cualquier naturaleza.

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