El Consejo Superior de la Empresa Privada señala que es totalmente arbitraria, totalitaria y confiscatoria la iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que el gobierno de Ortega mandó a la Asamblea Nacional, que pretende controlar fondos de ONG, empresas y medios de comunicación que reciban cooperación extranjera.
El presidente del Cosep, Michael Healy expresó que se violan los derechos humanos como la educación, vivienda, información y política. “Ósea que pueden hasta cancelar personerías jurídicas”, dijo.
Foto cortesía: La Prensa
El empresario explicó que las Organizaciones No Gubernamentales serán las más afectadas, sobre todo las que trabajan en materia de capacitación en derechos humanos y otras esferas.
Argumentó que existe preocupación en el sector político por lo que se avecinan campañas electorales de cara a los comicios de noviembre 2021.
“Muchas organizaciones internacionales apoyan la capacitación de fiscales y brindan otro tipo de apoyo en lo que es la parte electoral, a esto también lo afecta directamente”, aseveró el dirigente gremial.
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Healy destacó que el sector empresarial no está exento de las afectaciones. “También nos afecta por que nosotros tenemos programas de apoyo para los más necesitados y trabajamos con organizaciones, entonces al fiscalizar este tipo de apoyo puede hasta conllevar aperturas de juicios”, añadió.
Sin embargo, lo explicado es solo un preámbulo del análisis. El presidente del Cosep manifestó que hasta el momento no tienen el dictamen completo sobre las afectaciones directas e indirectas que traería esta ley, pero prometió que el sector privado se estaría pronunciando en los próximos días.
“Ya se esta trabajando en un borrador sobre el posicionamiento de Cosep. También estamos analizando que podemos hacer con los límites que tenemos aquí en Nicaragua y ver que acciones podemos tomar tanto nacional como internacionalmente”, aseguró Healy.
Agregó que esta ley vendría a agudizar la situación de incertidumbre que se vive en el país por el acoso fiscal por parte del gobierno de Daniel Ortega.
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