Estado de Nicaragua torturó a opositores

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Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano dio lectura de sentencia del tribunal de conciencia por crímenes de lesa humanidad por el gobierno de Daniel Ortega.

“No cabe duda que el estado de Nicaragua incurrió en un crimen de tortura a través del abuso y violación sexual” reitera la Fundación en la conclusión de su informe,  que quienes participaron de los actos ilícitos fueron hombres y mujeres de diferentes cuerpos de seguridad estatal, gente vestida de civil y algunos con acentos extranjeros encapuchados y nunca explicaron los motivos de la detención.

Los llamados parapoliciales en Nicaragua / Foto Cortesía

El Tribunal de Conciencia tiene como fin otorgar justicia alternativa para aquellas personas víctimas de los actos violatorios de derechos humanos, empoderándolas brindar reconocimiento que ayude a la reparación del daño ocasionado, agregan luego de recibir el testimonio de 18 personas que fueron víctimas de abuso y violación sexual en el contexto de las aprensiones de abril del 2018.

“Por ello, este tribunal concurre con la determinación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y resuelve que la violencia sexual cometida por el Estado de Nicaragua constituye un crimen de tortura y que esas torturas se cometieron de manera sistemática por agentes del estado contra la población civil nicaragüense, constituyendo por tanto un crimen de lesa humanidad” aseguran en su informe.

Los llamados parapoliciales en Nicaragua / Foto Cortesía

El tribunal de conciencia propone una serie de medidas de reparación integral de los daños, “si bien resulta difícil hablar de medidas de esta índole en un contexto de impunidad y control de las instituciones del Estado por el gobierno. En el contexto actual, estas medidas pueden ser vividas como un nuevo agravio, intimidación o intentos de silenciar a las víctimas en su búsqueda de justicia” Por ellos estas medidas deben de plantearse en el marco de un proceso de transición a la democracia, en el que se reconozca la dignidad de las víctimas.

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