Empresarios, contribuyentes y personas naturales son víctimas de arbitrariedades como cobros onerosos y procedimientos administrativos fuera de ley y normas, destaca la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, en un comunicado emitido este viernes.
Funides condena estas situaciones que, “causan daños a la bienandanza de las inversiones y actividades de los afectados”.
La Cámara de Industrias, también se pronunció respaldando al sector empresarial.
Las condenas se atribuyen a que la Alcaldía de Managua adjudicó deuda millonaria en impuestos municipales a la empresaria Victoria Cárdenas, esposa del opositor y Director Ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro.
Esto fue denunciado por los afectados, familiares y sociedad civil como terrorismo fiscal, por el grado de girar orden de captura para Cárdenas, su hermana y su mamá, según por un reparo fiscal de 9.5 millones de córdobas, a sabiendas que en Nicaragua no existe cárcel por deuda.
El comunicado de Cadin dice, “Rechazamos cualquier proceso administrativo o judicial que violente los derechos constitucionales de los nicaragüenses y empresarios”.
Según Funides, el proceder de las autoridades municipales, fiscales y judiciales también ahuyenta las inversiones del país, en tiempos de crisis económica generada a raíz de los conflictos de abril 2018 entre el pueblo autoconvocado y el gobierno de Daniel Ortega, a la que se suma la crisis por la pandemia del Covid-19.
“Cabe destacar que estas afectaciones tienen incidencia directa en el deterioro del empleo en el país”, expresa Funides en el escrito. 
En la última parte, insta a las autoridades a cesar estas conductas que solo afectan a la nación, y a respetar los derechos de la población que todos los días intenta contribuir con el desarrollo del país.
Cadin y Funides demandan se respeten las garantías de la ciudadanía independientemente de sus “posiciones políticas, credo religioso o afiliaciones personales”.
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