El Ministerio Público de El Salvador ratificó la acusación contra el expresidente, Mauricio Funes y otras cinco personas.
Esto, por apropiarse de casi 50 millones de dólares de las arcas del Estado en el caso de la construcción de una prensa hidroeléctrica “El Chaparral”.
Según la Fiscalía, los supuestos actos de corrupción se hicieron después de que la empresa italiana ASTALDI abandonara los trabajos de la presa El Chaparral.
Por tal razón, esto constituía motivo suficiente para que se caducara el contrato.
Por lo tanto, le impusieran multas e hicieran efectivas las finanzas contractuales.
Sin embargo, el gobierno de Funes al parecer llegó a un acuerdo ilegal que permitió que la constructora recibiera 108,5 millones de dólares por sólo el 29,9% de la construcción de la obra.
El contrato original establecía que la construcción de la obra tendría un costo de 219,9 millones de dólares.
Apoyo del dictador Ortega
A Funes, su pareja Ada Mitchell y otras tres personas les atribuyen los delitos de cohecho activo, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
Funes, Mitchell y dos de sus hijos se encuentran en Nicaragua, donde en septiembre de 2016 recibieron asilo político del régimen de Ortega.
Mientras se desarrollaba un juicio civil por enriquecimiento ilícito y cuando aún no se había emitido orden de captura en su contra.
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La Fiscalía presentó 1.252 documentos, 112 evidencias y 34 experticias que confirman el pago extra entregado por la CEL a la empresa italiana.
Astaldi S.p.A. es una empresa multinacional italiana de construcción con sede en Roma, Italia.
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