La más reciente actualización de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos asegura que persisten las agresiones contra los adversarios al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
“Se siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos contra quienes el Gobierno percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y ex-detenidos políticos”, señala Michelle Bachelet.
Expone que “el derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos pro-gubernamentales cuando críticos al Gobierno intentan reunirse pacíficamente”.
Apunta que entre marzo y junio de este año, la Oficina documentó “43 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra personas percibidas como opositoras”.
Resalta que hasta el momento “no se conocen investigaciones o procesos penales para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos dos años, también debido a la Ley de Amnistía”.
“Esta persistente impunidad erosiona la confianza en las autoridades, y junto con la falta de reformas legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos”, indica el informe.
Caso Caribe y Ometepe
Bachelet también mostró su preocupación por los ataques ocurridos en zonas del Caribe nicaragüense.
“Resultan preocupantes los ataques con armas de fuego que dejaron cuatro indígenas muertos y dos heridos en el territorio Tuahka, Región Autónoma Costa Caribe Norte, en 26 y 27 de marzo”.
Resalta el caso de los detenidos en la comunidad Esquipulas en la Isla de Ometepe el pasado 19 y 20 de abril de 2020.
“Varios residentes se habrían enfrentado a la policía por presuntas violaciones en el uso de la fuerza y el arresto arbitrario de tres personas, incluso tomando a un agente como rehén durante unas horas, mientras exigían la liberación de los arrestados”, refiere el informe.
De la misma forma la OACNUDH acoge en el documento el caso del homicidio de un opositor en Jinotega en marzo, y la falta de información sobre avances en las investigaciones en 10 de los 14 homicidios en esa región, mencionados en mi actualización oral anterior.
Reseña que de las 4,515 liberaciones de reos en medio de la pandemia, ninguno de los 86 presos políticos fueron beneficiados por las excarcelaciones.
Impacto Covid-19
La actualización del informe también recoge el impacto de la crisis sanitaria del Covid-19 en Nicaragua. Indica que esta situación “ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático”.
“El discurso oficial estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales”, resalta.
“La pandemia además ha incrementado la violencia contra las mujeres, particularmente los feminicidios. Durante los cinco primeros meses de este año, organizaciones de la sociedad civil han registrado 32 feminicidios, mientras que en el mismo período del año pasado habrían registrado 27 casos”, expone.
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