El gobierno mexicano continúa esperando una respuesta de parte del régimen de Daniel Ortega, sobre las deportaciones de cuatro de sus ciudadanos ocurridas el mes pasado. En una nota publicada por la revista Proceso, cita una entrevista con la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería de México Socorro Flores.
La funcionaria estuvo en Managua a mediados de junio, durante la deportación del estudiante Jobany Torres, a quien las autoridades nicaragüenses detuvieron a principios de junio en el Aeropuerto Internacional de Managua y lo presentaron 12 días después con golpes en ambos ojos.
Además, lo acusaron de fingir su secuestro con el supuesto objetivo de dañar la imagen del gobierno de Daniel Ortega.
Flores se reunió con la vicecanciller nicaragüense Arlette Marenco, quien tomó nota del reclamo del gobierno azteca. “Confiamos en que esa respuesta no demorará mucho”, dijo Flores a Proceso.
La nota, elaborada por la periodista Matilde Córdoba para Proceso, reafirma que las expulsiones de los cuatro mexicanos y la persecución policial denunciada por la académica de Harvard, Viridiana Ríos, también de nacionalidad mexicana, provocaron “una enorme preocupación” en el gobierno de aquel país.
“México es un socio importante para Nicaragua y hemos venido trabajando en distintas áreas donde el diálogo y la cooperación fluyen, y nos han generado enorme preocupación estos casos: el de Jobany Torres, el estudiante de la Universidad Zacatecas, como también las expulsiones recientes de mexicanos”, aseguró Flores a Proceso, información también publicada por Confidencial.
Proceso también conversó con el analista político y exdiputado liberal de origen leonés, José Pallais, quien considera que las relaciones bilaterales entre México y Nicaragua “necesariamente tienen que haberse enfriado y costará un tiempo volverlas al excelente nivel en que se encontraban antes de estos hechos”. A juicio del abogado, esto se debería “fundamentalmente por la irritación que los eventos han producido”, sobre todo “por negárseles la asistencia consular a sus ciudadanos y, peor aún, en el caso de los mexicanos, por ocultarles el paradero de los detenidos”.
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