Amnistía Internacional puntualiza que el régimen de Maduro “continua negándose a reconocer la gravedad de la crisis”

La emergencia humanitaria que vive Venezuela persistió en 2019, cuando las medidas económicas adoptadas por las autoridades resultaron “ineficaces”, según se desprende del informe de Amnistía Internacional (AI) sobre los derechos humanos en las Américas publicado este jueves.

“El Gobierno continuó negándose a reconocer la gravedad de la crisis y a aceptar ayuda de agencias humanitarias. Aumentó el flujo de personas obligadas a viajar a países vecinos para acceder a los bienes más básicos”, subraya el estudio.

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Además, AI recuerda que Estados Unidos impuso en agosto sanciones a entidades gubernamentales de Venezuela cuyo “sobrecumplimiento”, tanto en EEUU como en otros lugares, “dio lugar a obstáculos a la hora de acceder a bienes en Venezuela, lo que exacerbó la escasez existente de bienes y servicios básicos”.

SIETE MILLONES DE PERSONAS NECESITAN AYUDA

Ante esta situación el informe recuerda que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), siete millones de personas precisaban ayuda humanitaria en Venezuela al acabar 2019.

El informe también asegura que durante el año pasado Venezuela “seguía atravesando una crisis de derechos humanos sin precedentes”.

“Continuaron las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y los homicidios ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de una política de represión para silenciar la disidencia”, asegura AI.

Todo ello en una coyuntura en que “la crisis política e institucional se agravó en los primeros meses del año, lo que dio lugar a un aumento de las tensiones entre el poder ejecutivo, en manos de Nicolás Maduro, y el poder legislativo, liderado por Juan Guaidó”.

En ese contexto, AI subrayó que “las autoridades respondieron a la creciente protesta social con una amplia variedad de violaciones de derechos humanos y una intensificación de la política de represión”.

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Además, “se sometió a presos y presas de conciencia a procesos penales injustos”, mientras que “la libertad de reunión y de expresión siguió bajo amenaza constante” y los defensores de derechos humanos “sufrían estigmatización y afrontaban cada vez más obstáculos para desempeñar su labor”.

EFE