Por Enrique Sáenz
Ya hablamos del más reciente informe de Transparencia Internacional sobre la corrupción a nivel global. En el informe, el régimen de Ortega encabeza a Centroamérica en materia de corrupción y ocupa el tercer lugar en América Latina, solamente detrás de Venezuela y Haití. Además, se encuentra en el tramo de los más corruptos a nivel mundial.
Pero este asunto es mucho más grave que informes e indicadores. No solamente es cuestión ética, sino que el abuso con los recursos públicos tiene repercusión directa en la tortilla y los frijoles que la población se come, o deja de comer, por falta de trabajo o por ingresos insuficientes. En general la corrupción produce hambre, desempleo y miseria pues recursos que podían dedicarse a generar trabajos, mejorar la salud y la educación, reducir la pobreza, son arrebatados para engordar los bolsillos de la camarilla gobernante. En el caso particular de Nicaragua la corrupción, además de afectar a las familias y ser fuente de atraso, chorrea sangre, literalmente hablando, porque es el principal motivo del aferramiento al poder de la camarilla gobernante.
Para ponerle cuerpo, sangre y color al informe de Transparencia Internacional vamos a refrescar nuestra memoria haciendo un repasito de algunos casos.
Comencemos por recordar un negocio que seguramente la mayoría ya olvidó. Se trata de la Ley de Concesión de Servicios de inspección no intrusiva en los puestos de control de fronteras. Un nombre que no dice nada pero que esconde una turbia concesión otorgada a una empresa, supuestamente domiciliada en Panamá, pero que nadie conoce. El argumento que utilizaron los secuaces del régimen fue la necesidad de proteger las fronteras con tecnologías modernas, en este caso unos “escáner”, que permiten detectar cualquier producto sospechoso o peligroso. Hasta ahí todo está bien. Pero para adjudicar el negocio no se hizo ninguna licitación. El burro lo traían amarrado desde antes.
¿En qué consiste el negocio? La mencionada ley impone un gravamen tanto a las exportaciones como a las importaciones. Cifras gruesas que en su oportunidad mencionaron representantes del sector privado estiman que la inversión en el sistema completo se aproxima a 22 millones de dólares. Y los ingresos por el gravamen ascendían en los primeros años a 18 millones de dólares. Es decir, en menos de año y medio recuperaron su inversión.
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La concesión otorgada es por 15 años, basta hacer unas simples sumas y multiplicaciones para constatar que los dichosos concesionarios se estarán echando aproximadamente 200 millones de dólares. ¿Quiénes son los felices dueños de esa empresa que ha recibido una concesión tan generosa? Imagínense ustedes.
¿Quiénes serán los paganos? Los de siempre. El costo que se paga por el servicio encarece las importaciones y por consiguiente los consumidores pagamos el costo incorporado en el precio de los productos que compramos. Cuando salgan o entren al país por vía terrestre va a ver los famosos escáner. Recuerde entonces a los zánganos que se están lucrando a costillas de su trabajo.
Pasemos ahora a la concesión para construir el proyecto hidroeléctrico Tumarín. La inversión se estimó en mil millones de dólares, en una dudosa operación con las empresas brasileñas Electrobras y Queiroz Galvao. También aquí la concesión se otorgó sin licitación, mediante una ley que aprobaron los secuaces de Ortega en la Asamblea. Se frotaban las manos con el negocio porque hasta la tarifa impusieron por varias décadas. El negocio se vino al piso cuando se destapó la corrupción de la mafia encabezada por Lula. Algunos de los socios del negocio fueron a dar con sus huesos a la cárcel. En estos días se denunció que la estafa asciende aproximadamente a 300 millones de dólares que se esfumaron, aunque la represa nunca se construyó.
Vamos a cerrar esta primera tanda con el saqueo del instituto de seguridad social. Como sabemos, Ortega recibió al INSS con un superávit de 1700 millones de córdobas que diez años después convirtió en un déficit de casi cinco mil millones. Además, se llevaron en el saco las reservas. Ortega impuso dos reformas para compensar el despilfarro, la corrupción y la incompetencia, pero la institución sigue en cuidados intensivos. Los platos rotos de la fiesta lo pagan empleadores, cotizantes, pensionados actuales y furos.
Mañana continuaremos con este muestrario. Nos falta la cooperación petrolera venezolana, el BANCORP, el negocio del combustible, la energía eléctrica y otros. Como decíamos ayer, en nuestro país secuestró la totalidad de los poderes del Estado una banda de malhechores que está señalada a nivel internacional de cometer delitos de lesa humanidad y también está señalada de ser una de las más corruptas del mundo.
- Comentarista político Radio Corporación
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