¿Es Estado fallido el de Nicaragua?

Editorial Diario La Prensa

En el diario LA PRENSA de ayer, se publicó la trágica información de que 6 personas indígenas fueron asesinadas y 10 más reportadas como desaparecidas, en la comunidad de Alal, de la Reserva de Biósfera de Bosawas.

La información agrega que el asesinato colectivo —que no es el primero en esa región y por las condiciones imperantes allí probablemente tampoco será el último— lo cometió una agrupación criminal de unos 80 hombres armados, quienes también quemaron las viviendas de los comunitarios. El objetivo de los criminales, como en ocasiones anteriores, es apoderarse de las tierras de los indígenas para saquear la madera de los bosques y extender la frontera agrícola y ganadera.

Un día antes, este mismo Diario informó sobre el alarmante aumento de los femicidios, o asesinatos de mujeres. “La inseguridad de las mujeres es cada vez más grande y esto tiene que ver principalmente con la impunidad, con la falta de acceso real a la justicia”, dijo a LA PRENSA una activista femenina.

Por otra parte, dirigentes del movimiento campesino siguen denunciando que desde abril de 2018, en las zonas rurales y sobre todo en las más alejadas muchos campesinos identificados como adversarios de la dictadura, son perseguidos y exterminados impunemente.

Pero no solo los indígenas, las mujeres y los campesinos son víctimas de la creciente criminalidad imperante en Nicaragua. Todos los nicaragüenses sufren el efecto de la desbordada delincuencia o son amenazados por ella.

Los estudiosos de la criminalidad sostienen que esta se incrementa no solo por factores económicos y sociales, y por la debilidad de las instituciones que deben prevenirla, perseguirla y castigarla.

También aumenta por motivos políticos, por efecto de regímenes totalitarios que además de propiciar la impunidad ellos mismos cometen y promueven actos criminales como estrategia para retener el poder.

Está comprobado que donde los gobernantes autoritarios utilizan no solo a las fuerzas militares y policiales para reprimir a la oposición, sino también a bandas criminales de civiles armados, los países pueden degradarse a la condición de Estados fallidos. En este sentido, algunos comentaristas políticos advierten que con sus desmanes el régimen orteguista puede convertir a Nicaragua en Estado fallido.

En realidad, según el organismo no gubernamental de los Estados Unidos, Found for Peace, que estudia el fenómeno de los Estados fallidos, las características fundamentales de estos radican en que han perdido el control físico del territorio y el monopolio en el uso de la fuerza; han sido desbordados por la criminalidad; carecen de autoridad legítima en la toma de decisiones; son incapaces de suministrar los servicios básicos que necesita la población; y no pueden interactuar con otros Estados como miembros plenos de la comunidad internacional.

Algunas de esas condiciones, no todas, ya existen en Nicaragua. La dictadura orteguista ha degradado tanto al país, en los niveles de institucionalidad, seguridad humana y convivencia social, que de no haber un cambio democrático pronto podría caer en la indigna y plena condición de Estado fallido.

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