Unos migrantes menos organizados, controles de inmigración más estrictos en Guatemala y la presencia de asesores estadounidenses hacen menos probable que los cientos de migrantes que salieron de Honduras el miércoles formen algo parecido a las procesiones cohesionadas que vienen a la mente al pensar en el término “caravana”.
Lo que les espera es un viaje que ha cambiado de forma drástica. Los funcionarios guatemaltecos comprueban documentos, la Guardia Nacional mexicana se ha desplegado y, si llegan a la frontera de Estados Unidos, las autoridades les harán esperar en México a que se resuelvan sus casos de asilo o les enviarán a otro país en la región de la que intentan huir para que pidan protección allí.
Los migrantes, que salieron el miércoles de madrugada de una terminal de autobús en la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, no tardaron en dispersarse en función de la suerte que tuvieron consiguiendo transporte y del paso fronterizo que eligieron.
Durante días circuló en medios sociales una llamada a formar una nueva caravana. Pero la asistencia, aunque grande, no era comparable a las comitivas de 2018 que provocaron la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Las caravanas suelen atraer a migrantes con menos recursos -es decir, sin dinero suficiente para pagar a contrabandistas- y ofrecen más seguridad que viajar en solitario o en grupos pequeños.
Los migrantes entrevistados dijeron no conocer ningún plan de reagruparse por el camino y formar una caravana. La mayoría caminaba junto a las autopistas en grupos de unas veinte personas.
Más cerca de la capital guatemalteca, en la localidad de Morales, la Policía Nacional revisaba los documentos de los migrantes en un control de carretera. Periodistas de Associated Press vieron cómo unos 20 migrantes hondureños subían a un vehículo policial para ser devueltos a la frontera porque no se habían registrado ante las autoridades migratorias allí.
Los policías guatemaltecos estaban acompañados en el control de carretera por cuatro agentes de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).
Aproximadamente desde mayo, el departamento estadounidense de Seguridad Nacional ha destinado docenas de agentes e investigadores a Guatemala para trabajar como “asesores” de la policía nacional y las autoridades migratorias locales. También intentan impedir las operaciones de tráfico de personas.
La medida fue un paso inicial en el acuerdo con Guatemala para enviar allí a los solicitantes de asilo, dentro de un plan más amplio del Departamento de Seguridad Nacional para reforzar las fronteras del país y detener el flujo de migrantes que entran en Estados Unidos.
Las autoridades no detallaron cuántos agentes estadounidenses había sobre el terreno, por motivos de seguridad. El proyecto fue impulsado por Kevin McAleenan, exdirector en funciones del departamento.
Por otro lado, Washington presionaba a México para que tomara medidas. A finales de mayo, Trump amenazó con imponer devastadores aranceles a todas las importaciones mexicanas. México las evitó aceptando la expansión del programa estadounidense conocido como “Permanecer en México”, que ha dejado a más de 55.000 solicitantes de asilo esperando en México a que sus casos avancen, y supuesto el despliegue de parte de su recién creada Guardia Nacional para impedir que los migrantes crucen el país libremente.
El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo el miércoles que el secretario mexicano de Exteriores, Marcelo Ebrard, le había dicho que México no permitiría el paso a una caravana migrante. La secretaria mexicana de Interior, Olga Sánchez Cordero, advirtió de operaciones especiales y de la presencia de agentes de inmigración.
Algunos migrantes dijeron saber que entrar en Estados Unidos sería complicado, pero indicaron que lo intentarían de todos modos.
AP
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