Editorial La Prensa: País sin derechos humanos

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Foto/AFP

En Nicaragua los derechos humanos no existen. Están escritos en la Constitución Política y figuran también en las convenciones internacionales de Derechos Humanos, las que supuestamente tienen fuerza de ley en el país, pero la dictadura no los reconoce ni respeta y por tanto no existen en la realidad.

Esta trágica situación la ha puesto de manifiesto una vez más el Informe Mundial 2020 de Human Rights Watch (HRW), presentado este martes 14 de enero en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

El informe consta de 335 páginas en las que se enfoca la situación de los derechos humanos en casi 100 países. Cinco de esas páginas, con 2021 palabras, corresponden a Nicaragua donde la situación de los derechos humanos no mejoró en el último año, más bien se agravó en muchos aspectos.

Las fuerzas represivas de la dictadura ya no están matando a manifestantes pacíficos, pero esto es porque la cruda represión no permite que la gente salga masivamente a las calles a protestar, como lo hizo en los meses de abril a octubre de 2018 cuando entre 329 y más de 450 personas –según los distintos organismos de derechos humanos– fueron asesinadas por las fuerzas de la Policía y las bandas de civiles armados orteguistas.

Cabe destacar que con la honestidad que caracteriza a los organismos internacionales de derechos humanos, HRW consigna en su informe que “al intensificarse la represión, algunas personas respondieron con violencia y, según cifras oficiales, 22 policías murieron en el contexto de manifestaciones entre abril y septiembre de 2018”.

También HRW muestra su honestidad al denunciar las violaciones a los derechos humanos que se cometieron el año pasado en algunos países democráticos de América Latina, particularmente en Chile, durante la represión de las protestas sociales, que siendo legítimas en sus motivaciones los provocadores de la ultraizquierda les dieron una dimensión extremadamente violenta y destructora de la propiedad pública y privada.

Sin embargo, es justo y necesario precisar que las violaciones a los derechos humanos en los países democráticos son excepcionales, ocurren en el contexto de enfrentamientos de los manifestantes más violentos con la fuerza pública. En cambio en Nicaragua, donde impera una feroz dictadura, las violaciones a los derechos humanos constituyen una política de Estado. Aquí la gente sufre el rigor de la represión aun cuando no salga a la calle a protestar y se limite a hacerlo en recintos cerrados. Inclusive, la implacable represión llega hasta los templos católicos y al interior de los hogares de personas indefensas, como es el caso de los presos políticos excarcelados.

La denuncia de las violaciones a los derechos humanos es un imperativo categórico en la defensa de la dignidad de las personas y un instrumento poderoso en la lucha por la libertad, la democracia y la justicia.

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