Carlos Sánchez Berzain
En Bolivia cayó el dictador, pero no la dictadura. El sistema de violación de derechos humanos, desaparición del estado de derecho y de la división e independencia de poderes, montado por el castrochavismo para oprimir a los bolivianos, está en plena operación. La dictadura de Evo Morales controla en Bolivia 2/3 de la Asamblea Nacional, fiscales y jueces, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, toda la organización del Estado y lo hace por medio de su denominado “instrumento político” que es el Movimiento al Socialismo (MAS), en realidad el “instrumento del crimen organizado” que no puede permanecer con el disfraz de legalidad política en una transición real a la democracia.
El mandato para el gobierno interino de la presidenta Jeanine Añez es la celebración de elecciones libres y limpias en el menor tiempo posible, tarea que avanza bajo la sombra de la influencia de la dictadura que, usando su control en la Asamblea Legislativa y en los Consejos Departamentales, ha podido nombrar eventualmente la mayoría de los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los tribunales departamentales electorales.
Para llegar a elecciones libres y limpias hay que cumplir un conjunto de medidas que, además de nuevos miembros en tribunales electorales y de revisión del padrón electoral, garanticen libertad y transparencia. Las medidas imprescindibles son la restitución progresiva del “respeto a los derechos humanos”, del “estado de Derecho”, de la “división e independencia de poderes”, de la “libertad de prensa” y de la “libertad de asociación”, que no son más que los elementos esenciales de la democracia establecidos en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana.
Con el aparato castrochavista, la presidenta Añez y sus ministros ya están bajo investigación internacional como “autores de dos masacres” por la CIDH, que nunca investigó ninguna de las más de 20 masacres reales que Evo Morales ordenó y produjo en su régimen de casi 14 años. Esta “vacuna” es la repetición de los hechos con los que el mismo Evo Morales derrocó en octubre de 2003 al presidente Sánchez de Lozada, pero el miedo es tan grande que el gobierno interino apenas ha mencionado la reincidencia y con el buen propósito de “pacificación” se ha dado a la tarea de negociar con el MAS con la esperanza de dividirlo, cuando en verdad lo legitima y ayuda a la perpetuación de la dictadura que en lugar de terminar se afianza.
El MAS fue el instrumento y el beneficiario del fraude electoral, puesto en evidencia en las elecciones del 20 de octubre pasado. Sin la participación como “partido político” del MAS, Evo Morales no hubiera podido cometer la cadena de falsificaciones, suplantaciones y crímenes que el mundo observó y que la OEA, Europa y observadores internacionales han certificado. El MAS es el instrumento político del crimen organizado en Bolivia, no puede continuar siendo una entidad legal. Es urgente para el gobierno interino y obligación inicial del nuevo TSE. Si Evo Morales está inhabilitado ¿cómo explican que su instrumento criminal permanezca!?
Para entender la peligrosidad y gravedad de no ilegalizar al instrumento político del crimen organizado, recordar que por este tipo de razones el partido nacional socialista del régimen nazi de Adolfo Hitler fue ilegalizado cuando se liberó Alemania, pues de no hacerlo hecho hubiera podido ganar todas las elecciones en la transición y en la democracia.
El autor es abogado y politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy.
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