Enrique Sáenz
Esta ley que de manera precipitada aprobaron los sirvientes de Ortega en la Asamblea Nacional provoca de entrada una interrogante:
¿Por qué no necesitaron ninguna ley para apropiarse de DNP, que era patrimonio público, y ahora corren a aprobar una ley de pomposo título para retornar al Estado los bienes mal habidos?
La respuesta es que este asunto de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, DNP, ha sido un fraude de principio a fin. Recordemos que, en su origen, buena parte de la distribución de combustible estaba en manos de PETRONIC, que es una empresa estatal. De PETRONIC pasó a la empresa suiza GLENCORE mediante una turbia concesión que otorgó el gobierno de Arnoldo Alemán (vía Byron Jerez, nada menos).
Con el gobierno de Ortega se canceló el contrato con la empresa suiza. Algunos funcionarios orteguistas en aquel momento sacaron pecho diciendo que estaban recuperando patrimonio nacional: “yo les garantizo que ninguna empresa privada administrará estos bienes que pasarán al Estado de Nicaragua” declaró Hernán Estrada, para entonces Procurador General de la República.
Sin embargo, por un acto de magia esos bienes y derechos aparecieron en manos de la familia Ortega, como propiedad privada.
El fraude también caracterizó las operaciones de DNP. Por un lado, las contrataciones directas con instituciones del Estado representaban su principal volumen de ventas. Por otro lado, valiéndose del control de mercado, pero, principalmente, del abuso del poder político, durante años han bolseado a empresas y consumidores nicaragüenses mediante la imposición de sobre-precios a los combustibles. A lo largo de estos años el despojo asciende a centenares de millones de dólares en sobre-ganancias.
El remate del fraude es la pomposa ley “de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles” mediante la cual se trasladan los inventarios de DNP y Zanzíbar al Estado. Se trata de una maniobra para facilitar trasiegos financieros y una mampara para asegurar una indemnización debajo de la mesa. El argumento de la escasez es una burda coartada.
Aquí están las razones. Por un lado, las sanciones que impuso la administración norteamericana implican la cancelación de cuentas y transacciones financieras con bancos y otros agentes económicos. Son millones y millones de córdobas los que circulan diariamente como resultado de la comercialización de combustibles. ¿Dónde los iban a depositar? ¿Cómo los iban a manejar? Al trasladar los inventarios al Estado se desembarazan de ese problema.
En segundo lugar, se aseguran de una vez la liquidación de los inventarios a un precio que se descargará sobre el presupuesto general de la república, esto es, sobre las espaldas de los nicaragüenses.
Ortega, en su calidad de gobernante, concederá una indemnización a Ortega, en su calidad de jefe de un grupo económico familiar, cuyo monto fijará el mismo Ortega, por sí, y ante sí.
¿Cuánto costará a los nicaragüenses esta marrullería?
La presunta escasez es otro cuento chino. Primero, porque hay inventarios suficientes para afrontar la demanda nacional. Segundo, porque tanto PUMA como UNO disponen, a la vuelta de la esquina, de suficiente capacidad con sus instalaciones en el resto de países centroamericanos para afrontar en menos de 24 horas cualquier amago de escasez. Cierto es que, en algunas localidades donde solo había estaciones de DNP, podrían generarse cuellos de botella, pero este es un problema logístico que no ameritaba una ley, más aún tratándose del régimen dictatorial de Ortega.
Sin duda, las sanciones representan un fuerte golpe político a la dictadura en tanto que confirman que el radar de la administración norteamericana sigue activo. Pero también representa un fuerte golpe económico.
Las operaciones de DNP eran de dos tipos: importación de hidrocarburos y comercialización interna de combustibles.
Evidentemente, la lepra que contrajo DNP con la sanción, le corta la posibilidad de seguir operando como importador. Vale mencionar que actualmente el 65% de las importaciones proviene de Estados Unidos y el 17% de Ecuador. Obviamente, ninguna empresa internacional se arriesgará a realizar más transacciones con DNP.
En cuanto a la comercialización, controlaban el 45% de las ventas de diesel y el 34% de las ventas de gasolinas. Las sanciones descuajan este lucrativo negocio que engordaban con sobreprecios fraudulentos.
¿Qué podemos esperar para el futuro inmediato?
Por supuesto, continuarán con sus marrullerías en sus afanes de seguir ordeñando la economía de empresarios, consumidores y el patrimonio público. Es previsible que, al adquirir lepra DNP y ZANZÍBAR, fraccionarán el patrimonio en pequeñas empresas a cargo de testaferros que, donde puedan, seguirían operando como pequeños distribuidores. Dado que los sirvientes de Ortega en el poder judicial transformaron el registro público en registro clandestino, procederán a inventar e inscribir nuevas empresas. Pero el negocio a lo grande quedó desinflado.
Queda pendiente saber qué harán con la infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución. Y los precios que impondrán al combustible para resarcirse.
En resumen: sanciones que impuso el gobierno norteamericano desnudaron, de nuevo, la infame confusión entre los intereses de la familia gobernante y el patrimonio nacional; propinaron un golpe político y económico al régimen, y dejan en alas de cucaracha el cuantioso negocio con la energía eléctrica, que también se encuentra en manos de ellos.
Comentarista político Radio Corporación
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