La falta de fondos, ese es el mayor desafío al que se enfrentan hoy por hoy las agencias de la ONU y las ONG que tratan de ofrecer asistencia a los alrededor de 7 millones de venezolanos que la necesitan en la actualidad si quieren seguir salvando vidas y mejorando la situación de los más vulnerables en un país que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo pero atraviesa una grave crisis política, económica y social.
“El desafío principal para poder aliviar la necesidades humanitarias y poder responder a un nivel de escala mayor es la falta de fondos”, reconoce en declaraciones a Europa Press Samir Elhawary, coordinador humanitario adjunto y jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela.
La ONU hizo un llamamiento por 222,7 millones de dólares para atender las necesidades humanitarias en Venezuela durante el año 2019, de los que ha recibido el 33 por ciento. En total, los países donantes han aportado unos 175 millones de dólares para esta crisis que “nos han servido para aumentar las capacidades operacionales y desarrollar una respuesta inicial que ha alcanzado a más de un millón de personas” de los 2,6 millones que se habían fijado como objetivo, explica.
Elhawary reconoce que aunque esta cantidad de fondos “no es insignificante” y de hecho “nos han ayudado a salvar vidas y mejorar el bienestar” de muchos venezolanos, para 2020 se han fijado un objetivo mucho más “ambicioso” de 750 millones de dólares con los que atender a unos 3,5 millones de personas, la mitad de las que requieren asistencia.
“En 2020, es probable que continúe la situación humanitaria y estamos preparados para seguir respondiendo a las necesidades más apremiantes”, asegura el responsable de la OCHA, sin entrar a valorar la situación de impás a nivel político de la situación en el país casi un año después de que el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamara “presidente encargado” y se fijara como objetivo desalojar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores.
A la crisis política desatada por ello se ha sumado una grave crisis económica que ha provocado falta de bienes básicos, alimentos y medicamentos, empujando a casi cinco millones de personas a salir de Venezuela, en su mayoría hacia los países vecinos, generando una crisis migratoria que amenaza con superar en 2020 a la de Siria.
Dentro de Venezuela, explica el coordinador humanitario, se estima que 7 millones de personas necesitan alguna forma de asistencia humanitaria, de los que 3,2 millones son niños. “Esto incluye acceso a alimentos y apoyo nutricional, agua segura, medicamentos y atención médica, apoyo educativo y protección, especialmente para mujeres, niños y adolescentes en movimiento”.
Crisis generalizada en el país
“El impacto de la situación es bastante generalizado”, reconoce Elhawary, si bien la ONU ha centrado sus esfuerzos en diez estados prioritarios –Distrito Capital, Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Miranda y Carabobo– y centrado su respuesta en “los grupos más vulnerables” como son mujeres embarazadas y lactantes, menores de 5 años, personas en movimiento, personas mayores, la población indígena y personas con discapacidades entre otros.
Entre los logros alcanzados en el último, el responsable de la ONU destaca la vacunación de 8,5 millones de niños contra el sarampión, el suministro de medicamentos, del que se han beneficiado unas 975.000 personas, así como de alimentos y apoyo nutricional, o el que 350.000 personas puedan tener acceso a agua potable.
En cuanto a las prioridades ahora que se han conseguido establecer “las estructuras internacionales de coordinación humanitaria en el país y aumentado las capacidades de respuesta”, el jefe de la OCHA en Venezuela identifica el fortalecimiento del “sistema de salud para poder proveer servicios críticos, como en la área de salud reproductivo y sexual, respuestas de emergencias y para contener los brotes de enfermedades transmisibles, como sarampión, difteria y malaria”.
También es prioritario, añade, “fortalecer la seguridad alimentaria de las personas más vulnerables, aumentar la prestación de servicios críticos como el agua y ayudar a aumentar la permanencia de los niños en las escuelas”.
“Estamos trabajando para mantener la instituciones que proveen servicios críticos, como los hospitales y las escuelas y así llegar a un número mayor de personas y asegurar la sostenibilidad en la respuesta”, precisa.
Europa Press
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