Embajadora de España en Nicaragua es llamada a consulta en su país

Europa Press

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha llamado a consultas a la embajadora de España en Nicaragua, María del Mar Fernández-Palacios, «para analizar la situación de la relación bilateral» con este país, después de que el Gobierno de Daniel Ortega haya impedido, por tercera vez, una visita del secretario de Estado español para Iberoamérica, informa el Departamento en un comunicado.

«España revisará su relación bilateral», ha afirmado el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, en su cuenta de Twitter. De Laiglesia ha convocado al embajador nicaragüense en Madrid, Carlos Midence «para trasladarle el malestar del Gobierno español.

 

Convocar a un embajador extranjero es un gesto de protesta diplomática que va más allá de presentar una simple nota, pero llamar a consultas al embajador español acreditado en un país, si bien no es tan grave como retirarlo por completo, es una medida excepcional que demuestra un nivel alto de malestar.

De Laiglesia tenía previsto viajar a Managua para mantener contacto con las autoridades y con distintos actores sociales y políticos, «con un enfoque constructivo y con la voluntad de contribuir a la búsqueda de una solución a la crisis», ha señalado Exteriores.

«España ha mantenido, históricamente, unas buenas relaciones con Nicaragua», continúa el comunicado, pero la decisión del Gobierno nicaragüense de rechazar, por tercera vez, una visita de alto nivel, «dificulta la mutua interlocución».

 

El Departamento que dirige en funciones Josep Borrell ha señalado que, desde que comenzaron las primeras manifestaciones en abril de 2018, la situación «continúa deteriorándose» y en los últimos días se está produciendo «un recrudecimiento de la represión por parte de las fuerzas policiales y parapoliciales contra familiares de manifestantes presos que reclaman su libertad», así como «episodios violentos y asedios» a la Iglesia de San Miguel, en la ciudad de Masaya, y a la Catedral Metropolitana de Managua.

Así, el Gobierno español ha redoblado su llamamiento «a que cesen los actos represivos contra la población» y a que «se restituyan y garanticen los derechos de manifestación, expresión y prensa de conformidad con la constitución nicaragüense». También llama a recuperar «la negociación política basada en el respeto de los Derechos Humanos y los principios democráticos».

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