La Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que en Nicaragua hay una “alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático”, por lo que recomendó al Consejo Permanente del organismo a que “convoque inmediatamente un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar” el tema.
“A partir del análisis de los trabajos realizados por la Comisión, de los testimonios recabados, de los insumos proporcionados por los diferentes actores en el proceso nicaragüense y de los informes de la CIDH queda en claro que Nicaragua vive una crítica situación en materia de derechos humanos que requiere la urgente atención de la comunidad interamericana e internacional en su conjunto”, detalla la primera conclusión del informe.
Subraya que la Comisión “entiende que los mecanismos de control y subordinación” que el Gobierno de Nicaragua ha impuesto en los poderes Legislativo, Judicial y Electoral, lo que hace “inviable el funcionamiento democrático del país, transformándolo en un Estado cooptado e incompatible con el Estado de derecho”.
Esta Comisión tenía el pasado 11 de noviembre como plazo para entregar su informe, pero no se hizo por razones externas: la renuncia y salida del presidente boliviano Evo Morales, copo la agenda del organismo. Se espera que el Consejo Permanente discuta el documento el próximo lunes.
El régimen desconoció la creación de esta Comisión —integrada por representante de Paraguay, Jamaica, Estados Unidos, Canadá y Argentina— y prohibió la entrada a Nicaragua de los miembros de la misma. Los diplomáticos se vieron obligados a reunirse en El Salvador y EE. UU., con familiares de los asesinados por la masacre orteguista, excarcelados políticos, organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.
Basados en esos encuentros, la Comisión concluyó que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo “ha mostrado un patrón continuo de esfuerzos encaminados a coartar los derechos de sus ciudadanos, por ejemplo: hostigamiento e intimidación constantes, restricciones a los derechos políticos, a libertad de prensa, a libertad de expresión, al derecho a la libertad personal y el trato humano”.
La recomendación de llamar a una sesión extraordinaria de la Asamblea General del organismo —en la que participarían los cancilleres de todos los países— está basada en el artículo 20 de la Carta democrática Interamericana de la OEA, que se activó este año para tratar la crisis nicaragüense.
El artículo establece que la Asamblea adoptará “las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”.
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