«ONU insta a las autoridades a garantizar los derechos de las personas que se encuentran dentro de la iglesia»

Michelle Bachelet,ONU,
EFE

La oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, instó este martes al gobierno de Nicaragua a cesar “la persistente represión” de opositores, luego de que partidarios de Daniel Ortega irrumpieran en dos iglesias.

https://twitter.com/OACNUDH/status/1196823027029348353

Estamos muy preocupados por la situación de 13 personas que, como forma de protesta, ingresaron en una iglesia en Nicaragua, la cual fue posteriormente rodeada y cerrada por la policía. Igualmente nos preocupa que otro grupo de miembros de la oposición haya sido detenido luego de brindarles exclusivamente ayuda humanitaria, y, como consecuencia de ello, fueran acusados de serios cargos criminales.

El 14 de noviembre, ocho familiares de opositores políticos encarcelados y otra mujer iniciaron una huelga de hambre dentro de la iglesia de San Miguel en Masaya, pidiendo la liberación de 130 personas presuntamente detenidas en el contexto de las protestas. El mismo día, terminaron dentro de la iglesia rodeados por la policía, junto con el sacerdote y otras tres personas. La policía cortó los servicios de agua y electricidad e impidió que a cualquier persona ingresar a la iglesia y entregar suministros humanitarios, incluida insulina para el sacerdote, que padece de diabetes.

La misma noche, un grupo de al menos 13 miembros de la oposición fueron detenidos, luego de haber entregado un poco de agua a las personas rodeadas por la policía. Sus abogados afirman que sus garantías al debido proceso no fueron respetadas. Prominentes defensoras y defensores de derechos humanos, como Amaya Coppens y Olga Valle, se encuentran entre las 13 personas detenidas. Coppens es una lideresa estudiante de medicina, de nacionalidad belga-nicaragüense, que estuvo detenida por ocho meses en el contexto de las protestas y que fue liberada el 11 de junio de 2019 bajo la Ley de Amnistía. Su detención podría ser considerada como un acto de represalia, por haber denunciado la situación de derechos humanos en Nicaragua y haber tomado contacto con funcionarios y mecanismos de las Naciones Unidas. Recientemente, se reunió con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

El lunes, los 13 miembros de la oposición y tres opositores políticos fueron acusados de tráfico de armas. Estamos muy preocupados porque estos cargos, aparentemente fabricados, puedan constituir un nuevo intento de sofocar la disidencia.

También nos informaron el lunes, que otras ocho personas iniciaron una huelga de hambre dentro de la catedral de Managua, demandando la liberación de todas las personas detenidas en el contexto de las protestas. Un médico y un niño de 11 años estaban acompañando a estas personas. Horas después, decenas de elementos progubernamentales entraron en la catedral y, según se informa, habrían intimidado y atacado con piedras a las personas, al igual que a un sacerdote y a una religiosa, aparentemente con la aquiescencia de los agentes de la policía que habían rodeado el edificio. Instamos a las autoridades a garantizar los derechos de las personas que se encuentran dentro de la iglesia, en particular absteniéndose de interferir con la provisión de alimentos, agua y asistencia médica. Todas las personas deberían poder ejercer los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica sin temor de ser atacados. También llamamos a la liberación de todos aquellos que podrían estar arbitrariamente detenidos y a que se asegure el respeto de sus garantías legales fundamentales.

El Gobierno debe poner fin a la represión persistente de la disidencia y al patrón continuo de arrestos arbitrarios, y abstenerse de criminalizar y atacar a los y las defensores de derechos humanos, oponentes políticos y a cualquier otra voz disidente. Reiteramos nuestra disposición de apoyar al Estado nicaragüense para que cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, y a regresar al país si se nos otorga acceso.

FIN

Un sacerdote y una hermana religiosa fueron agredidos por aduladores del régimen dictatorial de Ortega.

El más afectado fue el vicario de la Catedral de Managua, Padre Rodolfo López, a quien las turbas golpearon cuando este salió de la sacristía.

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