El Tribunal de Apelaciones de Concepción, segunda ciudad de Chile, ha aceptado a trámite el recurso de protección presentado en contra de Carabineros y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública por el uso de balines y gases lacrimógenos en contra de quienes participan en protestas y manifestaciones pacíficas.
La corte ha prohibido la utilización de armas letales y balines a la policía uniformada contra personas que se manifiesten de forma pacífica. Asimismo, ha determinado que los efectivos deberán limitar también el uso de los gases lacrimógenos u otro método que afecte la integridad física de las personas.
En fallo dividido, la Primera Sala del citado tribunal ha acogido la solicitud de los recurrentes y dictado orden de no innovar, instruyendo a las autoridades para que “se observe estrictamente el protocolo dispuesto por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para la situación actual”.
Dicho protocolo prevé “abstenerse de utilizar armas letales como balines, respecto de las personas que protestan pacíficamente en marchas o manifestaciones públicas, limitando el uso de gases lacrimógenos o cualquier otro método o procedimiento que afecte la integridad de las personas, a las situaciones extremas que lo ameriten”.
Por otra parte, los jueces han dado de plazo ocho días a la Superintendencia de Medio Ambiente para que informe sobre los efectos que provoca el uso de agentes químicos en la población, en el medioambiente y cómo incide en el aumento en la huella de carbono.
El Tribunal de Apelación ha exigido remitir “todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto motivo del recurso (…), bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento”.
Unos 3,7 millones de personas han participado en alguna de las manifestaciones registradas en Chile desde el pasado 18 de octubre, cuando estallaron las protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera, según las últimas estimaciones de Carabineros.
Las protestas estallaron el pasado 17 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses pero escalaron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social. Al menos 19 personas han muerto y más de mil han sido detenidas por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El Instituto Nacional de Derecho Humanos (INDH) ha denunciado torturas y otros abusos a las personas arrestadas.
El presidente del país, Sebastián Piñera, que en un principio respondió declarando el estado de emergencia, finalmente pidió perdón a los chilenos por no haber escuchado sus demandas, anunció una “agenda social” y remodeló el Gobierno para llevarla a cabo. Además, se ha mostrado dispuesto a reformar la Constitución, tal y como reclaman ahora los manifestantes. Pese a ello, las protestas han continuado casi a diario.
EUROPA PRESS
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