Por Enrique Sáenz (*)
¡Arriba los pobres del mundo! pregonaba Ortega para calificar los propósitos de su régimen. Y se llenaba la boca atacando a los gobiernos que le precedieron. Y los carteles regaban la frase a lo largo y ancho del país.
Nunca fue un gobierno de los pobres, pero a punta de propaganda y repartición de migajas, logró engatusar a muchos incautos, de adentro y de afuera. Los fondos de la cooperación petrolera venezolana le sirvieron para encubrir una política económica empobrecedora, asentada en el abaratamiento de la mano de obra y productora de subempleo y economía informal.
La crisis de abril fue resultado de la acumulación de carencias y frustraciones a causa, principalmente, de la expiración del subsidio de la cooperación petrolera venezolana. La chimbomba se desinfló y emergió entonces el verdadero rostro del fracaso económico y social del orteguismo.
Con la crisis se ha exhibido más claramente la verdadera naturaleza anti pobre del régimen. Como esto no es cuestión de discursos, sino de hechos y de datos vamos a reseñar las principales políticas y medidas que profundizan angustias y penurias de las familias de sectores medios y pobres:
1. A los asalariados, afiliados a la seguridad social, les hizo pagar el costo del despilfarro, la corrupción y la incompetencia de la administración del INSS, al elevar el monto de las cotizaciones mediante la reforma que impusieron en febrero de este año. Además, modificaron la fórmula de cálculo de las pensiones futuras, empobreciendo desde ahora a quienes en unos años cumplirán la edad de pasar a retiro.
2. Con el propósito de proteger las finanzas de la empresa que detenta el monopolio oficial distribución de energía eléctrica, elevaron las tarifas de manera abierta y de manera encubierta, mientras los subsidios a los más pobres fueron reducidos o eliminados, y otros están en el limbo. Los consumidores cargan además con la ineficiencia de la empresa que año con año aumenta sus pérdidas técnicas por falta de inversión e incompetencia. Es un secreto a voces que la empresa TSK, titular de monopolio, es propiedad de la camarilla gobernante y no tuvieron empacho de imponer una para exprimir a quienes caigan en mora.
3. Despojaron del 5% del ajuste salarial a los trabajadores del Estado. La ley de presupuesto aprobada en noviembre del 2018, incluyó, como cada año, este ajuste que tiene como propósito compensar la pérdida de valor adquisitivo del córdoba. Pues bien, violando ley expresa que ellos mismos aprobaron, redujeron el salario de los trabajadores, porque en la práctica es una reducción salarial. Recordemos que no todos los trabajadores del Estado son orteguistas. Hay miles de educadores, enfermeras, médicos, contadores, profesionales, vigilantes, conserjes, secretarias y de otras ocupaciones, que conservan sus trabajos en el Estado para poder llevar el sustento a sus familias. No tienen otra alternativa. Y les cayó albarda sobre aparejo porque, además de reducirles el 5%, les clavaron el aumento de las cotizaciones al INSS.
4. En materia fiscal, el régimen aplica una política perversa en contra de los asalariados. Jamás modificaron la línea para el cobro del impuesto sobre la renta. De modo que en Nicaragua se produce la aberración de que trabajadores que devengan el salario mínimo pagan impuesto sobre la renta. Sus salarios no les alcanzan para comer, pero se les deduce impuesto sobre la renta, cuando ni renta tienen.
5. A propósito de reformas fiscales, es importante subrayar que las reformas tributarias que impuso el régimen en febrero de este año, no solamente afectan a los empresarios. Al elevar los precios de los bienes y servicios, afectan a los consumidores, sobre todo a los más pobres porque los alimentos son los que muestran mayores tendencias al alza. Por otro lado, al aumentar los costos de producción de las empresas, los empresarios, de todo tamaño, se ven constreñidos a congelar salarios y reducir personal, engrosando con ello el desempleo y extendiendo la pobreza. El régimen no ha dictado una sola medida de protección a los más pobres.
6. En este contexto, congeló los salarios mínimos por dos años, con el argumento de que la medida protegía el empleo. El argumento es una verdad a medias, porque su resultado es, al fin y al cabo, un empobrecimiento mayor de la población de más bajos salarios y más vulnerable. Vale la pena recalcar que en Nicaragua se devenga el salario mínimo más bajo de Centroamérica. Cualquiera puede ver en las publicaciones de ProNicaragua, que uno de los incentivos que el régimen exhibe para promover las inversiones extranjeras es la pobreza de nuestra gente. Sin ningún escrúpulo la califican como ventaja competitiva. Cualquiera puede buscar la publicación Nicaragua en perspectiva y ver la página 26 de dicha publicación. Exhiben, como gran cosa, que los salarios en Nicaragua son los más bajos de Centroamérica, tanto en zonas francas, como en el área de servicios y en el sector agrícola.
Todas estas medidas agudizan el pernicioso impacto del modelo económico y social que impuso el régimen a lo largo de estos más de diez años de poder absoluto. Un modelo que no tenía nada de socialista, ni de solidario, ni de cristiano. En definitiva, un discurso hipócrita que amparó el enriquecimiento desenfrenado de una minoría, encabezada por la familia en el poder.
Y, por favor, no hablemos más de que estas nefastas consecuencias son provocadas por la crisis sociopolítica. Venían incubándose desde antes de la crisis. Las penurias económicas y sociales de la población son resultado de un modelo fracasado, y se agravan cada día por el aferramiento de Ortega al poder, a sangre y fuego.
(*) Comentarista de Radio Corporación
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