Cataluña amaneció el martes con nuevos trastornos al sistema de transportes tras una noche de choques de la policía con activistas que protestaban las condenas de líderes separatistas. Las autoridades españolas anunciaron que se investigará al grupo que convocó a las protestas.
Tres personas fueron arrestadas y más de 170 resultaron heridas, incluyendo alrededor de 40 agentes de policía, durante enfrentamientos entre manifestantes y agentes antimotines con porras en el aeropuerto internacional de Barcelona y en otros puntos de la capital de la región del noreste de España.
En Bruselas, el prófugo expresidente catalán Carles Puigdemont participó de una protesta con decenas de partidarios de la independencia frente a la sede de la Comisión Europea.
Puigdemont dijo que “necesitamos el apoyo total de los demócratas europeos, porque la crisis concierne a la democracia europea y la calidad de la democracia europea. No es un problema catalán, regional o español”.
Un juez español ha emitido una nueva orden de arresto internacional contra Puigdemont, cuyos colegas dijeron que está dispuesto a cooperar con la policía y las autoridades belgas.
Los enfrentamientos en Cataluña continuaron hasta bien entrada la madrugada del martes.
Miles de pasajeros quedaron varados en el aeródromo y muchos se vieron obligados a caminar por autopistas y a cruzar campos con sus maletas.
Los choques, que comenzaron el lunes en la noche, se produjeron durante movilizaciones convocadas por Tsunami Democratic, un grupo sin dirección que emplea apps de mensajes codificados para convocar a manifestaciones pacíficas tras las condenas a una docena de líderes separatistas que encabezaron un intento de secesión de Cataluña hace dos años.
El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, dijo el martes que las autoridades están investigando al grupo.
En un fallo histórico el lunes, el Tribunal Supremo absolvió a los políticos y activistas catalanes del crimen de rebelión por impulsar un referendo vedado el 1 de octubre de 2017 y declarar la independencia sobre la base de sus resultados. Pero los halló culpables de sedición y los condenó a penas de entre nueve y 13 años de cárcel. Además condenó a cuatro de ellos por malversación de fondos públicos y multó a tres por desacato.
El tribunal también los inhabilitó para la función pública, lo que afecta en forma directa las elecciones del 10 de noviembre próximo en las que seis de ellos se presentaban como candidatos al Congreso federal.
El veredicto probablemente será un tema central en la campaña y en los próximos años, ya que dio lugar a opiniones muy divergentes en Madrid y Cataluña horas después de emitido.
El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, convocó a iniciar una “nueva era” y exhortó a los separatistas catalanes a acatar la ley. Pero dirigentes del movimiento independentistas renovaron sus llamados a la secesión con consignas como “volveremos a hacerlo”.
“Debemos seguir defendiendo el derecho de Cataluña a la autodeterminación”, dijo el presidente regional Quim Torra a los periodistas extranjeros en Barcelona el martes. “Un referendo es la solución más positiva para resolver esta situación”.
Su ministro regional para el exterior, Alfred Bosch, exhortó al presidente español a cambiar su actitud. “No vemos propuesta alguna, solo vemos 100 años de prisión, exilio y represión”, dijo Bosch.
El canciller interino español Josep Borrell, quien próximamente pasará a encabezar la diplomacia de la Unión Europea, dijo que la sentencia no respondía a los problemas políticos subyacentes que solo el diálogo “en el marco de la Constitución” podía resolver.
La constitución española sostiene que el país es indivisible.
“Ayer, hoy y mañana es y sigue siendo un problema político a resolver”, dijo Borrell a la prensa extranjera. Añadió que los separatistas catalanes que ignoraban a los catalanes como él, que se oponen a la independencia, caían en una “actitud totalitaria”.
El martes se sucedieron nuevas protestas con bloqueos esporádicos de caminos y líneas ferroviarias regionales. Para el miércoles está previsto el inicio de una huelga estudiantil de tres días.
El aeropuerto de Barcelona tenía previsto operar con normalidad los más de 1.000 vuelos programados para el martes, informó el operador aeroportuario español AENA. En la víspera, al menos 110 vuelos fueron cancelados por las movilizaciones.
El servicio regional de emergencias SEM dijo que 131 personas recibieron tratamiento por heridas, la mayoría de ellas en el aeropuerto. Una veintena de personas fueron transportadas a hospitales, una de ellas con heridas graves en los ojos.
AP/ Voz de América
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