Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado este viernes su preocupación por los últimos acontecimientos en Ecuador, donde se han sucedido las protestas contra la reforma económica impulsada por el Gobierno de Lenín Moreno hasta el punto de que el presidente ha declarado el estado de excepción en el país.
El relator para Ecuador del Comité de la ONU de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Mikel Mancisidor, ha cuestionado que “la situación en Ecuador sea tan extrema como para amenazar la integridad del Estado”, rechazando “que los derechos a la libertad de asociación, asamblea y movimiento hayan sido suspendidos” al considerar que se trata de “libertades muy importantes”.
La CIDH, por su parte, ha expresado su preocupación por el “uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en Ecuador, como evidencian imágenes de represión a las protestas sociales”. “Seguimos con preocupación situación de un centenar de detenidos en todo el país, por lo menos 19 heridos y 20 periodistas agredidos”, ha indicado en Twitter.
La Cruz Roja ecuatoriana también ha acudido a la red social para denunciar “agresiones” contra “el personal humanitario que brindaba atención pre hospitalaria en las ambulancias” de la organización.
Moreno decretó el jueves el estado de excepción en todo el país para garantizar “el orden, la tranquilidad y la seguridad” frente al “caos” que, según el Gobierno, ha generado la ola de protestas desatada en contra del último paquete de reformas económicas, que plantea la eliminación de las ayudas al consumo de combustible y la liberalización de precios.
El Gobierno enmarca el conocido ya como “paquetazo” dentro de sus esfuerzos para reducir el déficit fiscal, que se estima actualmente en los 3.600 millones de dólares. El objetivo de Moreno, que en febrero firmó un acuerdo de 4.200 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pasa por reducir el déficit hasta los 1.000 millones de dólares en 2020.
El Comité de la ONU, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también ha atribuido el “paquetazo” al acuerdo con el FMI, si bien ha matizado que “lo que el Gobierno llama ‘Plan Prosperidad’ es en realidad un plan de ajuste estructural”, de acuerdo con un comunicado.
EUROPA PRESS
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