Editorial La Prensa: El tiranicidio constitucionalizado

La Constitución de Nicaragua glorifica y consagra el tiranicidio como principio y valor constitucional, ya que en su Preámbulo evoca “la acción heroica de Rigoberto López Pérez, iniciador del principio del fin de la dictadura”.

Como se conoce muy bien en Nicaragua, el poeta liberal independiente Rigoberto López Pérez asesinó o ajustició el 21 de septiembre de 1956, hoy hace 63 años, al dictador “liberal” Anastasio Somoza García.

Es paradójico que en una Constitución en la que se consagra el derecho esencial a la vida humana, se glorifique y por tanto se legitime al mismo tiempo el tiranicidio, que como dice el diccionario de la lengua española significa matar a una persona que actúa como tirano.

El tiranicidio fue proclamado como derecho y practicado por la Revolución Francesa de 1789. Un poco antes, durante la Revolución Norteamericana de 1776 que dio origen a los Estados Unidos (EE. UU.), el prócer y uno de los padres de la patria, Thomas Jefferson, declaró que “el árbol de la libertad debe ser regado con la sangre de los patriotas y de los tiranos”.

Ejerciendo el supuesto derecho al tiranicidio, los revolucionarios franceses ejecutaron en la guillotina a los reyes de Francia, Luis XVI y María Antonieta. Por su parte los bolcheviques o comunistas rusos fusilaron extrajudicialmente al zar Nicolás II, junto a la zarina Alejandra y sus cinco hijos, incluyendo al pequeño y enfermizo Alexei, quien tenía 14 años de edad. Y en época reciente fue muy conocido —y ejemplar para muchos— el ajusticiamiento después de un simulacro de juicio del dictador comunista de Rumania, Nicolae Ceaucescu, y su mujer Elena Petrescu, de quien se decía que era peor que su malvado esposo.

Pero mucho antes de las revoluciones americana y francesa ya se discutía sobre el supuesto derecho al tiranicidio, inclusive desde una perspectiva religiosa. En el siglo XIII, el sacerdote dominico, teólogo y filósofo Tomás de Aquino, declarado santo por la Iglesia católica, escribió en su obra Gobierno de los Príncipes que “cuando la tiranía es en exceso intolerable algunos piensan que es virtud de fortaleza matar al tirano”. Sin embargo, el también llamado por la Iglesia Doctor Angélico, aclaró que es la autoridad pública la que debe proceder contra el tirano, no que cualquier individuo aislado haga justicia por sus propias manos. Y advirtió Tomás de Aquino que “cada tirano que se pretenda de eliminar por otro o por algún grupo acabarán terminando en otra tiranía… cometiéndose en demasía, arbitrariedades que serían más dañosas que la misma tiranía”. ¿No será este el caso de Nicaragua?

Otro eminente religioso católico, Juan de Mariana, jesuita español de los siglos 16 y 17, fue más directo y en su obra Sobre el rey y la institución real calificó el tiranicidio como un derecho natural de las personas.

En la actualidad el tiranicidio solo ocurre como excepción. El derecho y la justicia modernos reconocen el derecho a la vida incluso de los tiranos, quienes deben ser juzgados y condenados de conformidad con la ley.

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